SEPE: Los parados que tienen que presentar la declaración de la Renta y los que no

A partir de este mes de noviembre, el Real Decreto-ley 2/2024, presentado en mayo, introduce una nueva obligación para quienes perciben prestaciones por desempleo. En concreto, se establece que los beneficiarios de estas ayudas deberán presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), incluso si sus ingresos no superan el umbral mínimo que normalmente obligaría a hacerlo. Esta medida, que entra en vigor con la declaración de la Renta 2024, que se presenta en 2025, busca garantizar que todos los perceptores de subsidios y prestaciones mantengan su derecho a seguir recibiendo la ayuda.

Tal y como informan desde el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), según el nuevo marco legal, los trabajadores que estén cobrando una prestación por desempleo estarán obligados a presentar su declaración de la Renta anualmente. La no presentación de esta declaración en los plazos establecidos será motivo de suspensión de la prestación, lo que implica la pérdida del derecho a seguir recibiendo la ayuda. Esta medida afecta a todos los beneficiarios de subsidios por desempleo, independientemente de que sus ingresos sean bajos o no alcancen los límites habituales que exigen presentar el IRPF.

Sin embargo, quienes estén cobrando un subsidio por desempleo aprobado bajo las normativas anteriores al 1 de noviembre de 2024, «no tendrán obligación de presentar la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», explican desde el organismo.

Es importante tener en cuenta que este cambio no modifica la Ley del IRPF, sino la Ley de la Seguridad Social. De esta manera, los solicitantes y beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con esta nueva normativa si desean seguir recibiendo la prestación por desempleo.

El incumplimiento de esta nueva obligación de presentar la declaración de la Renta podrá ser detectado por el SEPE, y en caso de confirmarse, se procederá a la suspensión de la prestación por desempleo. No obstante, la nueva normativa no penaliza a quienes no estén obligados a presentar la declaración debido a su bajo nivel de ingresos, sino que, más bien, establece que el no cumplir con la obligación de declarar para poder continuar recibiendo la ayuda será el motivo de la suspensión.

Este tipo de medida ya se había establecido previamente en el contexto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), donde los beneficiarios, aunque no estén obligados a declarar ciertos ingresos, sí deben presentar su declaración de IRPF anualmente. Esta práctica busca asegurar que todos los ciudadanos que perciben ayudas públicas cumplan con sus obligaciones fiscales, independientemente de su nivel de ingresos.

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