El Síndic de Greuges critica al Consell por no informar de las plantas de Renovalia

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, se expresa de manera clara en un informe donde critica tanto a la Conselleria de Hacienda por su retraso en la implantación de la administración electrónica en la Generalitat como a la Conselleria de Industria por obligar a los afectados a presentarse presencialmente para solicitar la información.

«Tras la investigación realizada, estimamos que la actuación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha vulnerado el derecho de la persona autora de la queja a una buena administración en relación con su derecho a acceder al expediente vía electrónica», concluye el informe, que subraya además la implicación que tiene esta situación para los afectados en el ejercicio de su defensa.

El síndic argumenta que la Administración «no es libre de decidir» si cumple o no las leyes o cuándo hacerlo, «forzando en la práctica a las personas interesadas, ante la inaplicación de las normas, a comparecencias (prohibidas) para consultar los expedientes en condiciones menos favorables a las previstas en la Ley». Además, Luna destaca que, de este modo, está llevándoles a solicitar copias y pagar tasas para poder analizar los expedientes.

La conselleria recibió la solicitud de acceso a un expediente el 22 de agosto de 2023 y la conselleria no dio respuesta hasta que el interesado presentó una queja, tras la cual da acceso parcial al expediente vía electrónica. Sin embargo, bajo el argumento de que el expediente «es muy voluminoso», exigió a la persona que definiera de qué documentos concretos solicita copia, algo que la persona no pidió en ningún momento. Finalmente, la conselleria obligó a la persona a comparecer personalmente ante la Administración. «El acceso al expediente es un derecho básico; debe ser inmediato, pues de él depende, por ejemplo, el ejercicio del derecho de defensa para la presentación de alegaciones, recursos, etcétera», agrega de manera contundente.

La conselleria que dirige Nuria Montes argumenta, por su parte, que ha respondido al síndic fuera de plazo «por el volumen de trabajo». En su respuesta, se escuda en la Conselleria de Hacienda, de la que depende la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC), responsable de implantar el sistema electrónico de la Administración. «Hasta que la DGTIC no implante el sistema de expediente digital, tenemos que redirigir a los afectados a las oficinas», explican.

Sin embargo, en su propio informe, Luna ya advierte a Industria de que esto no es excusa, ya que deberían disponer de los documentos digitalizados. «A nuestro juicio, que un expediente sea voluminoso es una cuestión tan ordinaria que debe ser abordada con normalidad por la Administración. La digitalización (incluso masiva) de documentos es requisito lógico para la implantación de la gestión electrónica», señala el síndic, que agrega que la decisión de exigir la comparecencia de los afectados no puede calificarse de libre, puesto que «es la única alternativa que se ofrece a las personas mientras los plazos para recurrir se agotan». La Administración está condicionando el acceso completo al expediente a esta comparecencia, algo que supone también un sobrecoste para los ciudadanos, que en algunos casos deben desplazarse hasta más de 100 kilómetros.

«El pretexto relativo a que el expediente consta de muchos documentos, carga en la ciudadanía las deficiencias de la Administración», sentencia el informe, que pone la puntilla al afirmar que la comparecencia personal «carece de soporte legal» y «es un abuso que además perjudica su derecho de defensa».