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La Generalitat, los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEV han coincidido este martes en lanzar un mismo mensaje sobre el paro indefinido convocado en el sector del transporte: que se retome el diálogo y que cesen las coacciones a aquellos transportistas que quieren mantener su actividad. Unas declaraciones que se producen horas después de que el Ministerio de Transporte pusiera sobre la mesa una partida de 500 millones para compensar la subida de los carburantes que no contentó a todas las asociaciones del sector con representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ni tampoco a los convocantes, la Plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías por carretera.
Así se han manifestado tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat planteada para trabajar propuestas de cara al plan nacional de respuesta ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Un encuentro en el que también se ha abordado la situación generada por los paros de los transportistas, que arrancó la semana pasada.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha hecho hincapié en que «no es una huelga» sino «un paro organizado» y ha pedido que los transportistas que se hayan sumado dejen trabajar a aquellos trabajadores que sí quieren mantener su actividad, ya que se trata de «un sector transversal» para la economía.
Además, ha lamentado la «inacción» y falta de «sensibilidad» del Gobierno central hacia el sector, ya que la semana pasada, e incluso en el Consejo de Ministros de este martes, se podrían haber adoptado soluciones. «Desde luego ha faltado sensibilidad», ha remarcado Navarro.
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En declaraciones a los medios, el responsable de la patronal valenciana ha rechazado que haya desabastecimiento aunque ha reconocido que «hay peligro de que pueda haber» si la situación se prolonga. No obstante, ha remarcado que para que llegue al ciudadano «tiene que empeorar mucho». Asimismo, ha hecho un llamamiento a los consumidores para que se actúe «con racionalidad». Según Navarro, «la cadena logística no se rompe tan fácilmente».
Mientras, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, ha hecho hincapié en que «no es una huelga de transportistas», sino un paro impulsado por determinadas plataformas del sector. «Todo el mundo tiene la libertad de reivindicar pero no es coherente ni correcto las agresiones que están sufriendo los trabajadores que no pueden seguir el paro porque no está amparado por la ley. Pedimos que cese la violencia», ha dicho. En la misma línea el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, que ha pedido que se rebaje el tono de conflictividad.
Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que los paros «deben producirse en el marco de una vía pacífica que busque diálogo y soluciones», al tiempo que ha recordado que la representatividad del sector la tienen las entidades que integran el CNTC.
Puig y los responsables de los sindicatos y de la patronal también han coincidido en reclamar al Gobierno y a Europa que limiten «como sea» la escalada de precios energéticos, además de buscar medidas que ayuden a los sectores más afectados y a las familias más vulnerables.
Las propuestas formarán parte del documento que la Generalitat remitirá este miércoles a la vicepresidencia económica del Gobierno para que se incluya en el plan nacional de respuesta a la crisis que el Ejecutivo central aprobará el viernes 29 tras el Consejo Europeo de los días 24 y 25.
Así, el jefe del Consell ha explicado que son tres las líneas fundamentales de las propuestas: el control del precio de la energía, el apoyo a los sectores productivos (especialmente a los más afectados por la subida de los costes energéticos) y a las familias. Puig ha desatacado también que se está trabajando en las medidas que favorecerán la implantación de las energías renovables con el objetivo de lograr una soberanía energética en la Comunitat Valenciana antes de que acabe la actual década.
Por parte de los sindicatos, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, ha planteado medidas como recuperar los ERTE o contener el precio de los alquileres de locales y viviendas, mientras que su homólogo en UGT-PV, Ismael Sáez, ha abogado por una «cirugía fina» en impuestos y ha señalado que «la solución más rápida» podría ser una reducción de las retenciones del IRPF para los ciudadanos con menores rentas.
Por su parte, el presidente de la patronal, Salvador Navarro, ha exigido una posición común de Europa para que la situación «no vaya a peor» y que se limiten los costes energéticos en todos los ámbitos: luz gas y combustible.
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