Los sindicatos valencianos chocan en materia de vivienda: CC OO aboga por intervenir el mercado y UGT por construir más

Mientras que la secretaria general de CC OO en la Comunitat Valenciana, Ana García, reclama una medida más contundente, como es la intervención del mercado inmobiliario por parte del Gobierno autonómico, el portavoz de UGT-PV, Ismael Sáez, exige aumentar la oferta de inmuebles para facilitar el acceso a la vivienda mediante la construccción de más casas. No obstante, ambos han coincidido este lunes en el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en que disponer de una cartera suficiente de vivienda protegida como para responder a la demanda existente aliviaría en gran parte la situación.

En ese sentido, García exige incorporar «la calificación permanente de vivienda protegida» para que «quien haya iniciado su proyecto de vida con esa vivienda» pueda terminar de pagarla sin que pase a manos privadas. La representante de CC OO-PV lamenta que exista un gran número de inmuebles sin habitar, por lo que propone que puedan pasar a formar parte del parque de vivienda pública: «Tiene que haber una ampliación del parque público de vivienda, incluyendo para dar un uso residencial a la gran cantidad de vivienda vacía que tenemos en nuestra comunidad autónoma». Del mismo modo, también critica que no existan partidas presupuestarias concretas para llevar a cabo actuaciones «a corto, medio y largo plazo» en materia de viviendas en un momento en el que, según García, «se está vulnerando» el derecho al acceso a una vivienda digna.

Por ello, la secretaria general de la organización sindical ha exigido la intervención de «los distintos gobiernos en sus competencias» en el mercado inmobiliario al considerar que «el mercado de la vivienda no es como cualquier otro mercado» y que «los precios no van a bajar por construir más». Del mismo modo, García ha reprochado a la Generalitat la no aprobación de la Ley de Vivienda que impide el control sobre el precio: «El Gobierno valenciano no está aplicando la Ley Estatal de Vivienda. Lo dijo en su programa, pero quien ha votado conscientemente sabía que la Ley de Vivienda no se iba a aplicar». Asimismo, la sindicalista ha exigido un mayor control sobre las viviendas de alquiler turístico, reconociendo, en ese aspecto, el «cambio normativo en nuestra comunidad» aprobado el año pasado.

La otra alternativa para detener el problema de la vivienda es la que ofrece Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, quien considera que se debe actuar sobre la oferta y sobre la demanda. Para él, la construcción de vivienda nueva y el aumento de ayudas que faciliten el acceso a la misma son las dos claves que pueden detener una sangría que comienza a tener «tintes dramáticos».

«Es evidente que hace falta construir más», ha explicado Sáez antes de repasar las pobres cifras de construcción nacionales y de denunciar el aumento de precio de la vivienda, que complica el acceso no solo a la adquisición de un inmuebles, sino también al alquiler: «Estamos haciendo enormes esfuerzos por elevar el salario mínimo interprofesional y poniendo en marcha una serie de ayudas de carácter social. Y sin embargo, casi todo se va por el sumidero del alquiler o del acceso a la vivienda y por tanto hay que actuar sobre la concentración de la oferta».

Un aspecto en el que Sáez incide es en la necesidad de que esa nueva vivienda sea pública y cuente con medidas de apoyo para su adquisición. «Hay que conseguir avales y créditos para la adquisición de la vivienda de una gran parte de ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a la adquisición de viviendas», indica el de UGT, que también pone el foco en la necesidad de establecer un control sore el precio de las viviendas de uso turístico: «Para el tema de alquiler turístico hay que poner coto a los presos políticos y en todo caso hacerlo para que el coste sea semejante parecido al de un hotel y por tanto, la competición será justa».

Antes de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mostrase públicamente su confianza en la aprobación de la reducción de jornada en el Consejo de Ministros de la próxima semana, los dos representantes de la acción sindical valenciana han dejado entrever sus posturas al respecto de una medida que se entiende de diferente modo a un lado y a otro.

Ismael Sáez ha señalado que aunque «el coste salarial puede producir problemas de competitividad» a empresas que compiten en el exterior, éstas ya tienen acordadas jornadas muy cercanas a las 37,5 horas, por lo que no habrá «impacto en la competitividad que sea reseñable» dentro de la Comunitat. En ese sentido, el secretario general de UGT-PV, ha dado más valor a «conseguir las 37,5 horas dentro de dos o tres años que imponerlas hoy»

En cambio, Ana García ha protestado por la falta de acuerdo tras once meses de negociación, por lo que no ha cerrado la puerta a aumentar las medidas de presión: «Llevamos 11 meses con esto y se han puesto muchas cosas encima de la mesa. Pero es que después de 11 meses, por un acuerdo de gobierno que ya va tarde, pues tocaba dar pasos».

En cuanto a la situación de la Comunitat Valenciana, tanto García como Sáez han apuntado al tamaño de las empresas que dificulta la innovación y han señalado la necesidad de invertir en la misma. García se ha referido a problemáticas como el déficit de infraestructuras, y en concreto ha hecho referencia al Corredor Mediterráneo y Cantábrico. También ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica acompañado de «una reforma fiscal en profundidad» y «corresponsabilidad fiscal».