La situación económica de Abengoa y el choque político la alejan de Valencia

Fue el gran anuncio del presidente Ximo Puig en la última sesión de control en Les Corts y una noticia a la que parecía que no se le podía achacar ningún pero: una multinacional del tamaño de Abengoa, con más de 14.000 trabajadores en todo el mundo, quería instalarse en la Comunitat Valenciana. La información llegaba tras semanas de rumores y después de que la compañía sevillana protagonizara un intenso enfrentamiento con la Junta de Andalucía y decidiera abrir la puerta a buscar un nuevo emplazamiento con la promesa de grandes ventajas para la autonomía. Pero una vez se ha podido asentar la propuesta se ha evidenciado que este traslado no está ni mucho menos cerrado y cuenta con una larga lista de problemas y condiciones de tipo económico, político y empresarial que la alejan de la ciudad de Valencia.

Desde el primer momento estaba claro que la posible mudanza tenía un eminente componente político por el choque de la Junta de Andalucía encabezada por el popular Juanma Moreno y la multinacional. Abengoa cuenta con una delicada situación económica y está inmersa en un proceso de reestructuración de su deuda con cifras que superan los 500 millones y por ello reclamaba el respaldo del Gobierno andaluz para que le concediese un crédito de 20 millones que aliviase su situación financiera. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico que comparten PP y Ciudadanos se ha negado siempre a conceder estos fondos con el argumento de que proyectos similares que se habían aprobado durante los mandatos socialistas habían terminado en los tribunales y han señalado desde entonces que no encuentran la formula legal para tener todas las garantías.

Una vez conocido el motivo principal de por qué Abengoa había llamado a las puertas del Palau de la Generalitat ya se quiso plantear qué iba a hacer exactamente la firma. En un primer momento se habló de que la idea era cambiar la sede social, lo que en la práctica es más un gesto que otra cosa ya que un traslado así como el que hicieron en su día bancos como Caixabank o Sabadell apenas tiene la consecuencia de que se celebren en el territorio juntas de accionistas y se paguen algunos impuestos. No implica ninguna inversión económica relevante. Pero al poco tiempo, y cuando se admitió que ya se valoraba ofrecer ese crédito de 20 millones que le había negado la Junta de Andalucía, ya se comenzaron a poner encima de la mesa condiciones por parte de la administración valenciana. El dinero no podía salir gratis y un desembolso de tal magnitud debía acarrear más que una sede social. Tenían que plantearse también trasladar parte de la sede operativa y realizar inversiones que se tradujeran en empleos en la Comunitat Valenciana ya que hoy por hoy la firma no tiene presencia alguna. Desde Presidencia se admite que todo esto se valora pero aún no se ha concretado cómo se podría formalizar y hay dudas de que Abengoa pueda comprometerse a llevar a cabo estos negocios por las obligaciones de pago que arrastra.

De forma paralela a estas complicaciones de tipo político se evidenció la más que difícil situación empresarial de la multinacional. La colosal deuda que tiene que ser reestructurada y cómo abordar esta cuestión ha dividido a los accionistas de una entidad que, además, se encuentra en un preconcurso de acreedores que se debería resolver en el corto plazo. El conflicto se evidenció en una reunión que llevó a la destitución de Gonzalo Urquijo, expresidente de Abengoa que aún conserva el poder en la empresa matriz, lo que le permitió iniciar los contactos con la Generalitat. El 21 y 22 de diciembre se celebrará una junta extraordinaria de accionistas en la que Urquijo podría recuperar parte del terreno perdido o que los minoritarios ganasen el pulso. Este sector ya se ha pronunciado en contra del traslado de la sede social a Valencia y ha llegado incluso a cuestionar que se pueda realizar sin contar con el visto bueno de una mayoría.

A todo esto hay que sumar la posición que juega el papel del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene previsto participar en el rescate pero que fuerza a la Junta de Andalucía a poner de su parte. La propia ministra de Industria, Reyes Maroto, ya se ha encargado de evidenciar esta posición. Por ello, no es de extrañar que hayan voces que subrayen que abrir la puerta a trasladarse a Valencia es solo una herramienta de presión para que el Ejecutivo autonómico que comparten PP y Ciudadanos termine cediendo y acepte participar en el rescate con esos 20 millones. Si esto ocurre, el cambio de sede pasaría a la historia aunque es cierto que por el momento Juanma Moreno se mantiene en sus trece y no ha dado su brazo a torcer pese a la presión del PSOE regional que encabeza Susana Díaz y los sindicatos de la empresa. Un colectivo que insiste en que la cúpula de la empresa niega el traslado.

Pero las discrepancias políticas nacionales, que responden al eje de izquierda y derecha, no son las únicas ya que en la Comunitat han surgido problemas internos entre los partidos que firmaron el pacto del Botánico tras las elecciones autonómicas de 2019 y que ahora comparten el Consell.

Los dirigentes del PSPV han sido los que se han encargado del trabajo previo para tratar de materializar el cambio de sede a través de Presidencia de la Generalitat y la conselleria de Hacienda. De hecho, fueron los que encontraron la fórmula que podría permitir dar el crédito de 20 millones a Abengoa, a través del denominado Fondo Valenciano de Resiliencia del Instituto Valenciano de Finanzas. Este proyecto, dotado con 25 millones, tenía el objetivo de ayudar a empresas medianas valencianas a paliar las consecuencias económicas de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus y ha sido esta cuestión la que no ha gustado nada a Compromís y Unidas Podemos. Representantes de los dos partidos han puesto en duda que se dediquen la mayor parte de estos fondos a una firma que no es valenciana. En Compromís, diputados como Josep Nadal, presidente de la comisión de industria de Les Corts. aseguraron no entender como se «tiene que rescatar a una multinacional arruinada» mientras que en Podemos fueron un pasó más allá y remarcaron que existe «un dudoso encaje legal». Estas diferencias deberían ser subsanadas si se quiere aprobar la ayuda ya que debería contar con el visto bueno del pleno del Consell. Dirigentes del mismo Ejecutivo llegan a admitir en privado que no ven nada claro que este traslado se vaya a materializar en el futuro y la vicepresidenta Mónica Oltra ha aclarado que todo está en un escenario inicial.

El último escollo que debería superar Abengoa para poder asentarse en Valencia es el informe técnico que tiene que elaborar el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Desde la entidad apuntan que trabajan en una valoración económica y jurídica pero ven muy complicado que pueda hacerse pública antes de terminar el año y no se atreven a descartar ninguna posibilidad ya que aunque la operación tiene muchos riesgos también podría generar sendos beneficios. Aunque para ello deberían superarse todos estos escollos.