Ley de Startups: ¿Y ahora qué?

Tras varias idas y venidas de un proyecto del que hay que remontarse hasta 2018 para ver sus primeros pasos, la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, también conocida como Ley de Startups, es ya una realidad. Así fue publicado en el BOE el pasado 22 de diciembre, tras aprobarse definitivamente el 1 de diciembre en el Congreso.

El nuevo marco normativo, que pretende posicionar a España como referente a nivel mundial, tiene por objetivo adecuarse a las necesidades de un sector que no ha parado de crecer a nivel nacional, así como también a nivel autonómico y local, con Valencia como uno de los polos principales de innovación. De hecho, desde el propio equipo que ha trabajado la norma cuentan que es una ley “revolucionaria” y que ha llegado “más lejos de lo que jamás se hubiera imaginado”.

Desde ya el ecosistema emprendedor puede disfrutar de todas las ventajas que proporciona la norma. De esta forma, el texto legal recoge aspectos como la definición de qué es una startup, así como los nuevos beneficios fiscales o la agilidad en los trámites a los que se podrán acoger las startups, con el propósito de fomentar un ecosistema que se ha convertido en una fuente de innovación, empleo y riqueza. La Ley de Startups ya es una realidad, ¿ahora qué?

Por primera vez a nivel legal, aunque se hace referencia al término “empresa emergente”, el nuevo marco normativo recoge qué es una startup, concepto que siempre había sido difuso en aspectos como la vida de la compañía, así como los sectores en los que operaba.

A partir de ahora, al menos a nivel legal, no todas las compañías que se definen como startups lo serán, sino que tendrán que cumplir con una serie de requisitos para que, al menos de forma normativa, así sea. Este punto es importante porque las empresas que no sean consideradas startups no podrán disfrutar de las ventajas de la norma.

Para que obtener la consideración de startup o empresa emergente, el primer requisito es haberse constituido legalmente como empresa, independientemente de la forma jurídica de la sociedad. Como novedad, según explican desde el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, será posible constituir una startup con 1 euro de capital social. Los emprendedores autónomos no serán considerados como startups a ojos de la norma.

Que la empresa esté recién constituida o que haya sido fundada hace menos de 5 años es otro de los requisitos recogidos. En este sentido hay algunas excepciones, siendo menos de 7 años en compañías industriales o biotecnológicas, entre otras. Además, para ser consideradas startups deben haberse fundado desde cero y no ser fruto de una fusión o escisión de otra empresa que no era una empresa emergente.

Por último, si la empresa no tiene su sede en España y, al menos, el 60% de la plantilla no tiene un contrato laboral español, tampoco podrá acogerse a esta Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes. Además, tampoco tienen la consideración de startup las compañías que facturen más de 10 millones de euros anuales, ni las que repartan dividendos o coticen en mercados regulados.

La Ley de Fomento de las Empresas Emergentes tiene, entre sus piedras angulares, las ventajas fiscales de las que pueden disfrutar este tipo de empresas. El objetivo de estos beneficios está orientado a garantizar la supervivencia de este tipo de compañías. Entre estas ventajas destaca la rebaja en el impuesto de sociedades de un 25% a un 15%. Esta reducción se puede prolongar durante un máximo de cuatro años para las startups.

También, a partir de ahora, estas empresas podrán prorrogar sus deudas con Hacienda, tanto en el Impuesto de Sociedades (IS) como en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Todo ello durante los dos primeros años en los que dé beneficios la empresa. Además, respecto a las stock option, con la nueva norma, ha aumentado su exención anual de 12.000 euros a 50.000 euros.

Pero las ventajas fiscales que ha introducido la ley no están dirigidas exclusivamente a las startups, sino que también incorpora algunos puntos de interés para inversores, con el objetivo de fomentar la inversión en este tipo de compañías. De esta manera, la deducción por invertir en startups pasará de un 30% a un 50%, aumentando la base máxima deducible hasta los 100.000 euros anuales, entre otros beneficios.

Una de las grandes demandas del sector ha sido siempre la lentitud administrativa. Ahora, con la nueva norma en vigor, las trabas burocráticas se verán reducidas de forma notable. Al menos, este es uno de los objetivos de la Ley de Startups. A partir de ahora, la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) será la capacitada para otorgar el reconocimiento de empresas emergentes a las startups que así lo soliciten. Para que este trámite sea mucho más ágil se ha impuesto el silencio administrativo, es decir, si la compañía no obtiene respuesta en un plazo de 3 meses, se considerará como otorgada directamente. Este trámite se realiza de forma telemática.

Por otro lado, para llevar a cabo rondas de inversión, si el inversor es extranjero, ya no necesita tener el NIE, lo que suponía un trámite tedioso que ralentizaba la inversión. Ahora recibe un NIF para poder realizar las operaciones pertinentes de forma rápida. Atracción de nómadas digitales

Por último, la norma recién aprobada busca captar talento internacional para que se instalen, al menos por un tiempo, en España. Los beneficios fiscales, así como las condiciones indiscutibles de clima, gastronomía y cultura son el cóctel perfecto para atraer a los llamados nómadas digitales. Según la ley, estas personas son aquella “cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia de forma habitual”.

De esta forma, se pretende dinamizar también la economía con este nuevo perfil de trabajador. En este sentido, es destacable la creación de un nuevo visado que va a ayudar a que estas personas puedan teletrabajar y residir en España. A estos profesionales se les aplicará el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Para acabar, el marco normativo que recién acaba de entrar en vigor está dirigido a ayudar a que, los extranjeros que trabajen para empresas españolas como freelance, puedan acogerse a la fiscalidad de impatriados, pudiendo tributar un IRPF de un 24% cuando más del 40% de su facturación venga startups españolas.

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