Así se gestó la Ley de Startups: Cuatro años de espera

Cuentan que a fuego lento sabe mejor. ¿Quizás se refieran sólo a la comida? Cuatro años se han tardado en elaborar y aprobar en el Congreso la Ley de Startups. La inestabilidad política o la pandemia han sido algunos de los motivos por los que esta necesaria apuesta por el futuro se ha dilatado en el tiempo desde que en 2018 Pedro Sánchez se refería por primera vez a la intención del ejecutivo que presidía a poner en marcha una ley para definir e incentivar estas empresas de nueva creación. Una decisión «fundamental» consideraba, para no quedarse atrás respecto al resto de países Europeos.

Madrid celebra la Spain South Summit'18. En el acto de clausura de uno de los mayores eventos anuales que reúne a emprendedores e inversores del sur de Europa, Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno iba a impulsar una Estrategia de Nación Emprendedora. Ésta iba a incluir una Ley que se dirigía a «fomentar el desarrollo del ecosistema de las startups o empresas emergente de base tecnológica».

La secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa dio los primeros pasos para elaborar una Ley de Fomento del Ecosistema de Startups. La idea era recoger opiniones en el sector tanto de ciudadanos como de entidades también para delimitar conceptualmente una startup o escuchar esas necesidades que se requieren para la creación y la actividad de éstas. Este periodo de escucha se mantuvo abierto hasta el 25 de enero de 2019. Sin embargo, la inestabilidad política y la posterior convocatoria de elecciones obligaron a posponer la confección de un anteproyecto para la Ley de Startups.

Antes de las elecciones, en Salamanca, Pedro Sánchez acudió al Startup Olé. Allí dio algunas pinceladas sobre las claves de ese nuevo anteproyecto de ley que parecía guardado en el cajón. «Acelerar el progreso digital nos beneficia a todos. España es uno de los países con más kilómetros de fibra óptica de Europa y debemos liderar la revolución digital», aseguraba. El presidente del Gobierno incidía en la una gran cantidad de eventos que se estaban celebrando en el sector, como el propio Startup Olé, el South Summit además de los proyectos de agentes, incubadoras, business angels y otros programas de innovación.

«Alentar estas iniciativas no solo es un privilegio para nosotros los gobernantes. Nos impone también dos responsabilidades, estar a la altura y ser conscientes de que hay mucho que hacer, por lo que hay que facilitar los marcos normativos adecuados«. En este sentido se atrevió Sánchez ha hablar de algunas medidas concretas relacionadas con las presiones fiscales: «Esta ley debe tener incentivos fiscales. Ahora mismo hay una reducción del 25% en I+D y del 12% en innovación y queremos incrementar estos porcentajes».

En 2019, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que España tenía que liderar la revolución digital y decidió anunciar esta normativa que busca impulsar el emprendimiento e impulsar al país como una infraestructura de inversión y creación de empresas, además de fomentar la regularización e incentivos.

El Consejo de Ministros nombró a Francisco Polo (Valencia, 1981), exsecretario de Estado para el Avance Digital y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, como Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, un cargo de nueva creación que iba a depender directamente del presidente del Gobierno y que se encargará de coordinar todas las actuaciones desarrolladas en este ámbito.

Sánchez aprovechó el anuncio de la Estrategia España Nación Emprendedora, que acarreaba la aprobación de 50 medidas de apoyo al talento y al emprendimiento innovador, para recordar que el Consejo de Ministros estaba a punto de aprobar el anteproyecto de la Ley de Startups. Avanzaba el presidente del Gobierno que ésta «facilitará la tramitación administrativa, ayudará a retener y atraer el talento necesario, impulsará el acercamiento entre la Formación Profesional, la Universidad y las empresas emergentes, e incluirá ventajas fiscales e incentivos de inversión».

Los principales agentes de la economía digital y el emprendimiento innovador presentan una respuesta conjunta a la futura Ley. Startup Valencia, Adigital, Asociación Española de Startups, Ascri (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión), Tech Barcelona, Spain Startup, Foment del Treball y AseBio (Asociación Española de Bioempresas) presentan una propuesta común de mejora de este nuevo marco normativo. Aunque recibieron satisfactoriamente el primer paso del Gobierno, pedían más ambición a las administraciones en aspectos como: la definición de empresa emergente, la fiscalidad a favor de las startups y la inversión en las mismas, las medidas de atracción y retención del talento, y la puesta en marcha de sandboxes regulatorios.

Los agentes consideraban que debía extenderse el plazo a partir del cual una empresa puede ser definida como emergente. También incidieron en que es imprescindible que esta ley fuese de aplicación a los emprendedores en serie, que representan el 63% de los emprendedores en España, esto suponía la eliminación del artículo 3.2 de la futura norma.

Se aprobó el Anteproyecto de Ley. Básicamente, éste recogía algunas de las peticiones como la ampliación de las deducciones fiscales sobre los planes de acciones, la regulación nómadas digitales o la inversión según la reclamación del sector. El objetivo de esta normativa era atender a esa necesidad de profesionalizar los mecanismos de financiación a los que recurren los emprendedores españoles. Rebajas fiscales o que los primeros 100.000 euros de inversión en una startup estarán libres de impuestos fueron algunas de las claves que llamaron la atención entre los expertos.

El décimo aniversario del South Summit ponía punto final otra vez con la Ley de Startups en el foco. Cuatro años después, Sánchez volvía a introducir en su discurso la necesidad de contar en España con una normativa que impulsara y regulara las empresas en auge. «No es que no queramos ayudaros, es que desde las Administraciones Públicas no sabemos que necesitáis», llegó a decir el máximo representante del gobierno quien incidió en que la Ley, todavía sin ratificar en el congreso había estado diseñada en el «marco del diálogo social con los distintos actores del sector».

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso validó el texto con 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Partido Popular, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu y Teruel Existe apoyaron la propuesta del gobierno de coalición que sólo recibió la abstención de VOX. Esto, tras incorporar cerca de 80 enmiendas, prácticamente todas ellas en fase de ponencia, y sumar otras cuatro durante la Comisión.

El PDeCAT pactó un cambio para extender una tributación beneficiosa durante cinco años a empresarios y personal altamente cualificado. También se modificó el punto en el que se permite que un mismo socio pueda registrar hasta una cuarta startup y acogerse a los beneficios previstos, en la ley se limitaba a tres.

Pese a que esta comisión cuenta con competencia ejecutiva, la nueva norma deberá someterse a examen en el Pleno del Congreso y posteriormente al Senado.

La norma sale del Congreso de los Diputados con 177 votos a favor, 75 abstenciones (de Vox, ERC y Junts, entre otros) y 88 en contra, la inmensa mayoría del Partido Popular. Ahora queda remitida al Senado para continuar su tramitación y se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2023.

Aprobada la Ley, aunque con modificaciones. Con 237 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones, el texto de la Ley de Startups vuelve al Congreso donde se procederá a su votación definitiva.

El escrito llegó al Senado el pasado 8 de noviembre y dio el visto bueno tras presentar 72 enmiendas. Entre las modificaciones, el impulso de los entornos controlados de pruebas en entornos rurales para potenciar su desarrollo a través de la tecnología o que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación, determinarán, además de los criterios, el procedimiento para acreditar el carácter de emprendimiento innovador y escalable de las empresas emergentes que puedan beneficiarse de la normativa.

En los próximos días, el Congreso de los Diputados votará el texto modificado por el Senado. Si se ratifica, el Congreso remitirá la ley al Presidente del Gobierno para que el texto sea sancionado y promulgado por el Rey y se publique posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Se espera que el 1 de enero de 2023

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