La izquierda acelera la tasa turística en la Comunitat con el objetivo de comenzar a cobrarla a finales de 2023

Los partidos de izquierda que firmaron el pacto del Botánico siguen adelante con una de las medidas más polémicas de esta legislatura, la tasa turística valenciana. Después de que Compromís y Unidas Podemos hayan convencido al PSPV, se ha registrado en Les Corts la iniciativa con el objetivo de que este impuesto comience a cobrarse a finales de 2023.

La proposición de ley firmada por las tres formaciones políticas tiene el objetivo de crear una regulación que obligará a pagar entre 0,5 y 2 euros por noche a cada una de las personas que se hospeden en determinados municipios de la Comunitat Valenciana. El gravamen nunca ha terminado de convencer a los socialistas que, después de años en los que la han esquivado, finalmente la han aceptado por presiones de sus socios. Justo cuando comienza la campaña turística se Semana Santa que se presentaba como el inicio de la recuperación.

La cuota más baja será para campings, hostales y hoteles rurales mientras que las más elevadas irán dirigidas a los apartamentos y establecimientos de mayor rango, los de cuatro y cinco estrellas. Aquellos que lleguen en crucero abonarán 1,5 euros si pasan más de 24 horas. Por su parte, las estancias juveniles o de personas con discapacidad quedarán excluidas del pago así como la de los menores de 16 años que acompañen a sus padres.

Una de las características de este impuesto es que tendrá un ámbito de aplicación municipal y, por tanto, será cada ayuntamiento el que decida si lo aplica o no. Además, se abre la puerta a que, de forma individual, el consistorio también decida si recarga este impuesto y eleva la cuota fijada de alguna forma. Es decir, que se podrá coger el esquema de pagos presentado, subirlo o no cobrar nada.

Joan Ribó, alcalde de Valencia y dirigente de Compromís, ha sido uno de los que han avanzado que la ciudad la cobrará cuando se recupere el turismo previo a la pandemia mientras que otros alcaldes la rechazan. Y no solo del PP, que gobierna enclaves como Benidorm o Alicante, sino también con sello socialista como Cullera.

¿Y para qué se utilizará el dinero recaudado con este impuesto? Pues el texto presentado evidencia que para generalidades como mejorar los servicios de los que disfrutan los turistas, proteger y conservar tanto el medio ambiente como el patrimonio cultural, reforzar las políticas de acceso a la vivienda o mejorar las infraestructuras.

El principal argumento que se exhibe desde la izquierda para impulsar la medida es que está vigente en grandes ciudades europeas como París, Berlín o Bruselas y que no ha desincentivado los viajes. En España los únicos precendentes están en Cataluña y Baleares, con cargos entre 0,65 y 4 euros. A nivel particular no se teme que las personas dejen de viajar a la Comunitat Valenciana de forma mayoritaria pero sí preocupan los tour operadores, que podrían decantarse por otros destinos de España que no tengan un recargo similar.

Esta iniciativa comenzará ahora el trámite parlamentario y, aunque el grueso ya está pactado, podrá sufrir modificaciones mediante enmiendas que maticen diferentes cuestiones. Lo que sí queda establecido en el texto es que, una vez aprobada la ley y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tardará un año en aplicarse. Los plazos que maneja el Botánico pasan por finalizar el debate en Les Corts este noviembre y, por tanto, que se comience a cobrar en 2023.

Los socialistas, conscientes de que este gravamen genera malestar incluso en sus propias filas, insisten una y otra vez en que será opcional y que tardará en aplicarse. El mismo Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, ha remarcado hoy que se aplicará una vez el sector haya superado el duro bache de la pandemia. Eso sí, ha querido despejar las críticas al asegurar «que no es una excentricidad».

Además, ha recalcado que el planteamiento que defiende es «compartir la responsabilidad» de aplicación con los ayuntamientos y, por tanto, «si un ayuntamiento no quiere nunca se implantará». «Mayor capacidad de diálogo es bastaste difícil porque se está haciendo de una manera consensuada», ha recalcado.

En ese sentido, ha expuesto que hay «productos turísticos muy diferentes» en la Comunitat Valenciana y «a algunos de ellos les afectaría muy negativamente, como los tour operadores en los que son más complicados repercutir los precios» y por ello prevé que esas zonas «los ayuntamiento decidirán no implantarla».

Pero esta moratoria no convence, ni mucho menos, a la patronal turística Hosbec, que aunque se ha reunido con los partidos para tratar de dialogar nunca ha admitido ningún avance. Desde la organización, apoyados por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), han iniciado la campaña 'No a la tasa turística' y presionan para que la misma no se materialice.

Por el momento han logrado el apoyo del PP y la oposición y la simpatía de dirigentes como el socialista Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo. Su temor es que se apruebe este mismo año, con una demanda sin recuperar, al contar con el apoyo de la mayoría de los diputados de Les Corts.

La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha aseverado que eliminarán la tasa si acceden al gobierno. «Estamos en contra de la tasa turística. El sector turístico de la Comunitat Valenciana es muy importante y ha sufrido dos años muy duros. Debemos tener en cuenta que empezamos una de las campañas más importantes para ellos, como es la de semana santa. No es el momento de lanzar mensajes negativos, hay que apoyar el turismo de la Comunitat Valenciana», ha sentenciado.

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