El Gobierno penalizará los contratos de muy corta duración tras el verano

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha desvelado que el Gobierno prevé penalizar los contratos de muy corta duración, una medida que siguen afinando, pero cree que a la vuelta del verano se podrá «ver desplegada y concretada». Por contrato de corta duración (o muy corta duración) se entiende aquellos contratos temporales de duración igual o inferior a 5 días.

«Estamos en plazo respecto al compromiso fijado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia«, ha remarcado Escrivá en rueda de prensa.

En dicho Plan el Gobierno explicaba que España presenta una tasa de temporalidad muy superior a la media comunitaria, una alta prevalencia del trabajo involuntario a tiempo parcial, y una elevadísima rotación de contratos de muy corta duración. Todos estos factores llevan a la precarización del mercado laboral, a una alta inestabilidad que profundiza las variaciones cíclicas, a pobres ganancias de productividad y a un lastre para el crecimiento potencial de la economía española. Además, supone el factor fundamental de desigualdad social, con un impacto especialmente negativo sobre las mujeres y la fuerza de trabajo más joven.

Diversos estudios muestran que, una vez se obtiene un contrato temporal, resulta difícil pasar a tener uno indefinido: se genera una trampa de temporalidad que recae fundamentalmente en los colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes, empleo poco cualificado). Además, la temporalidad genera un desincentivo a la inversión en capital humano por parte de la empresa, que puede afectar a la productividad y a las posibilidades de mejora de formación, cualificación, adaptación y empleabilidad de las personas trabajadoras. En 2019 un 26,3% de las personas trabajadoras fueron temporales.

Adicionalmente, un importante número de trabajadores y trabajadoras padecen una forma de temporalidad en la forma de contratos de cortísima duración. Esta ultra temporalidad agrava los problemas generales de la dualidad y requiere de soluciones específicas.

Por todo ello, se plantea una reforma laboral que simplificará y abordará las modalidades de contratación laboral. establecerá una regulación adecuada de los contratos de formación o prácticas, favorecerá el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, reducirá la temporalidad del sector público y penalizará la excesiva utilización de contratos de muy corta duración.

Escrivá ha explicado que hay más de 430.000 afiliados con contrato indefinido respecto a los que había en junio antes de la pandemia, en 2019. El gasto en protección del empleo por parte de la Seguridad Social ha sido de más de 20.000 millones de euros en 2020 y 2021. En concreto, se destinaron un total de 14.400 millones en 2020, mientras que en el primer semestre de 2021 la cantidad es de unos 6.000 millones.

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