![Las trabas burocráticas atascan el 90% de las plantas fotovoltaicas en trámite](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202207/13/media/cortadas/rojas-clemente-RGWSHMDCKhJTfxt0XI2sWQN-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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El pacto verde por la energía que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció a bombo y platillo para acelerar la independencia energética de la Comunitat sigue lejos de tomar la velocidad necesaria, mientras que el reloj marca la cuenta atrás para cientos de proyectos de renovables en la región. En concreto, sólo 19 de las 410 plantas fotovoltaicas en trámite cuenta con la autorización ambiental necesaria para llevar adelante la obra. A estas se les suman otras 19 que se autorizarán en la próxima semana.
Esto significa que, a día de hoy, el 90% de los expedientes siguen atascados o a la espera de esta luz verde que, además, necesitan antes de que acabe al año para no perder la inversión, según indica la normativa estatal. Además de la autorización ambiental, esta normativa pone en abril del año que viene la fecha límite para obtener la licencia de construcción, tal y como recuerda el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, a LAS PROVINCIAS.
«Esto nos tiene preocupados, ya que la ley estatal indica que después de la autorización ambiental se debe obtener en tres meses la autorización de construcción, con la amenaza de perder el aval y hasta el derecho de punto de conexión», explica Lacruz.
La norma a la que hace referencia es la del decreto estatal 23/2020, que establece un plazo máximo de dos años para que un proyecto se resuelva. Tal y como indica Lacruz, la aplicación de esta ley podría paralizar proyectos, ya que en los casos donde no cuenten con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) a tiempo, se podría entender que es el promotor quien tiene la obra bloqueada. «Esto puede suponer que se ejecute el 20% del aval, con lo cual pierde ese dinero. A esto hay que añadir los costes del proyecto y el derecho a punto de conexión», puntualiza Lacruz. Cabe recordar que son tres las consellerias por las que deben pasar los expedientes; Economía, Política Territorial y Transición Ecológica.
«Toda la energía renovable que entre a la red, contribuirá a bajar el precio de la luz», asegura Lacruz, quien subraya la urgencia de acelerar la presencia de las renovables en la Comunitat, donde los tiempos de tramitación llegan a sextuplicar el de otras regiones. «En Castilla La Mancha se conectaron a la red 1.300 megavatios en los últimos cuatro años, mientras que en la Comunitat, han sido 60», asegura.
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