La tramitación de 48.000 expedientes del ingreso mínimo colapsa oficinas de la Seguridad Social

«La gota que colma el vaso, hay un colapso a todos los niveles». Es la definición tan visual que hacen desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para denunciar la situación en que se encuentran las oficinas de la Seguridad Social en la provincia de Valencia, colapsadas por la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso el pasado junio.

Una situación generada por la acumulación de expedientes –48.000 hasta el momento, a mediados de agosto eran 42.363 en la provincia, según datos del propio Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)– y por la insuficiente dotación de personal, ya que, según el sindicato CSIF, no se cubren las vacantes en la plantilla. En el caso de Valencia, por ejemplo, el INSS ha perdido 74 trabajadores en los últimos cinco años por jubilaciones y por cubrirse sus plazas al cambiar de destino. En este contexto, con una plantilla escasa y envejecida por falta de oferta pública de empleo (la última OPE data de 1992), se ha producido el incremento de la carga de trabajo.

Surge, además, otro problema, alertan fuentes de este sindicato: el perjuicio para otras prestaciones (jubilación, maternidad, incapacidad temporal o permanente, etc.), pues los funcionarios de distintos departamentos no pueden atender sus tareas diarias al ser asignados a reforzar los trámites del IMV. ¿Consecuencia? Retrasos en la resolución de otras prestaciones.

Las incidencias se acentúan por las complicaciones de numerosos expedientes que carecen de documentos, se solicitan por duplicado o son incompatibles al percibir ya otro tipo de ayudas. Según el CSIF, hasta el 80% de las peticiones son denegadas después de haberse tramitado.

La saturación del servicio es tal que desde la presentación de algunas solicitudes ya han transcurrido tres meses sin que se hayan tramitado, lo que en la práctica supondría denegación por silencio administrativo a todas aquellas con fecha de 15 de junio. Desde CSIF alertan de una avalancha de reclamaciones en este sentido.

Un aspecto que ayer mismo el Gobierno central atajó en el Consejo de Ministros, donde se aprobaron una serie de modificaciones en la normativa que regula el ingreso mínimo vital para dotar de agilidad su tramitación «dando respuesta en un menor plazo de tiempo», según explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Entre esos cambios figura la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes hasta los seis meses, sin que se produzca ninguna desestimación por silencio administrativo negativo.

El Gobierno también va a extender el periodo de retroactividad desde del 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, de forma que a todos los solicitantes hasta fin de año se les abone la prestación desde el 1 de junio.

Además, los beneficiarios actuales de rentas mínimas de las comunidades autónomas pasarán a serlo automáticamente del IMV. Junto a esto se ha eliminado el requisito de estar dado de alta en los servicios públicos de empleo (SEPE) a la hora de solicitar la ayuda.