Los transportistas asumen un 36% más de costes por el aumento del precio del combustible

La patronal valenciana que preside Carlos Torres ha puesto sobre la mesa las cifras que reflejan el impacto del combustible sobre su día a día. Así, según datos del Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes (Mitma), si en 2020 el combustible de un vehículo articulado de carga general que ha recorrido 120.000 kilómetros al año ha supuesto 31.600 euros de coste anual, en 2021 el mismo recorrido ha implicado 42.888 euros.

Para una empresa con una flota de cuatro vehículos, el gasto anual asciende a 171.332 euros y para una de ocho, que es la media de vehículos de las empresas que integran FVET, asciende a 343.104 euros al año. Fenadismer, la patronal nacional del sector, cifraba hace unos días en 2.000 millones el sobrecoste que soportan los transportistas por esa escalada de precios.

De ahí que la federación califique de «preocupante» el escenario porque la escalada de precio no cesa: en diciembre de 2021, el precio del carburante se situaba en 1,35 euros por litro, y esto se traduce en 4.725 euros al mes por vehículo únicamente en este concepto.

«El combustible supone el 31% de los costes totales de las empresas del sector, una de las partidas más significativas. Su aumento lo notamos mes a mes, vehículo a vehículo. Sin posibilidad de poder repercutirlo, el incremento del precio podría poner fin a muchas empresas transportistas de la Comunitat Valenciana», asegura el presidente de FVET, Carlos Prades. En total, y según datos del Mitma, la Comunitat cuenta con 20.633 empresas de transporte, de las que 15.232 se dedican al ámbito de las mercancías.

Una situación que ha empeorado desde julio del año pasado, cuando los transportistas valencianos presentaban los resultados de una encuesta hecha a sus asociados en la que el 78,9% aseguraban que habrá cierres debido al aumento del precio del gasóleo. «Es difícil gestionar una empresa cuando una materia prima sube tanto», reconocía entonces Prades, que recordaba que es un problema estructural que podría solucionarse eliminando la cláusula «salvo pacto en contrario» de la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.

Y es ese punto, el de cláusula de revisión del coste del combustible, el que reivindican los transportistas valencianos que asuma ya el ministerio. Porque el pasado diciembre el departamento de Raquel Sánchez se comprometió a articular los mecanismos legales, en un plazo máximo de 60 días, para hacer efectiva la cláusula que permitiría poder repercutir este incremento del precio a los clientes.

Ese acuerdo, junto con otras medidas, fue el que hizo posible que las asociaciones de transportistas acordaran suspender los paros previstos para la víspera de Navidad, que habían sido convocados para denunciar «el estado de abandono» del sector por parte del Gobierno, al que habían reclamado en 2020 medidas para dar solución a las principales problemáticas.

Ahora, casi dos meses después, la federación valenciana espera el texto legal, sumado a la formalización del resto de compromiso adquiridos en el acuerdo, como la prohibición de la carga y descarga para el conductor, la reducción de los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a indemnización (de dos a una hora), la dotación de servicios básicos a las áreas de descanso y la creación de aparcamientos seguros para el sector, entre otras.

«Necesitamos que se aplique de inmediato el texto legal para hacer efectiva la cláusula de revisión del precio del combustible y el resto de las demandas que tiene un sector estratégico, como es el transporte de mercancías por carretera. Desde la federación, como parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, estaremos pendientes de los movimientos del Mitma», concluye Prades.