El TSJCV anula las tarifas de la ITV que el Consell aprobó en mayo por eludir la anulación previa

Ni un año han durado las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que el Consell aprobó el pasado mes de mayo con intención de «cerrar definitivamente un problema que se venía arrastrando desde la anterior legislatura», en palabras de la entonces secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín.

Esos precios conllevan una bajada superior a la anulada por la justicia, de 2014, y acaban de ser anulados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), como pedían las empresas concesionarias, al considerar que el propósito de esas tarifas era incumplir una sentencia de 2017.

En un auto del 9 de enero, facilitado por el TSJCV, se estima el incidente de ejecución de sentencia planteado por las empresas concesionarias, que solicitaron la nulidad del acuerdo adoptado por el Consell para actualizar las tarifas al entender que era una actuación dirigida a «eludir» el cumplimiento de la sentencia que anuló la bajada anterior.

En esa sentencia de 2017, la justicia estimó parcialmente un recurso de la adjudicataria de la ITV en Alicante, Benidorm y Elche contra el acuerdo del Consell de 2014 y anuló el punto referido a la reducción de la tarifa sonora y de contaminantes, por carecer de un estudio que justificase esa bajada tarifaria.

En mayo de 2019, la conselleria que dirige Rafael Climent publicó esa sentencia, firme desde un año antes, sin adjuntar un nuevo cuadro de precios. Por este motivo, se recuperaron las tarifas de 2013 pero sólo durante unos días, hasta que el Consell aprobó las tarifas ahora anuladas. Según las concesionarias, lo hizo con la voluntad de convertir en «papel mojado» la sentencia de 2017, por lo que apelaron a la justicia para pedir la nulidad de la nueva bajada.

El tribunal ahora, en el auto por el que estima el incidente de nulidad planteado por las empresas, indica que no ve «motivo alguno que justifique una bajada de tarifas como la aprobada» y que, de tener alguna incidencia el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre que regula la ITV, sería «para aumentar las tarifas, en modo alguno para su disminución».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que «ha existido la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia» anulatoria por parte del Consell. Y agrega que «la Administración fue consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho, cuando no existía dificultad en su cambio, tan sólo publicar en el Diari Oficial (DOGV)».

La Generalitat, añade, conformó unas tarifas que son «prácticamente idénticas» a las anuladas, y su objetivo era que no quedasen sin efecto las antiguas hasta tener «las nuevas aparentemente justificadas».

La anulación de las tarifas contó con un voto particular desfavorable del magistrado Fernando Nieto, que ve explicación suficiente del porqué de esas tarifas y cree que los demandantes no aportan pruebas periciales sobre esa voluntad del Consell de eludir la sentencia de 2017.

La Generalitat tiene cinco días para recurrir la nueva anulación de tarifas, vigentes hasta que publique cualquier cambio, lo que engrosará la millonaria reclamación de las concesionarias por el perjuicio sufrido.