El tapón de la V-21 seguirá un verano más tras quince años de promesas y atascos

¿El motivo? Las obras de ampliación del tercer carril entre el barranco del Carraixet (Alboraya) y Valencia, cuyos trabajos aún no han finalizado pese a que comenzaron en octubre de 2018 y la previsión era que entrara en servicio en julio de 2020. Un calendario que recuerda al de otro clásico de las carreteras valencianas: la ampliación de la A-3, que tardó seis años en hacerse realidad por las paralizaciones del proyecto debido a los recortes presupuestarios.

La previsión que maneja el Ministerio de Transportes es que el tercer carril de la V-21 esté operativo en octubre, según anunciaba la ministra Raquel Sánchez durante su visita a Valencia esta semana. Fuentes consultadas por este periódico confirman que será para el último trimestre del año, aunque sitúan ese final a mediados del mes del noviembre. En este punto, desde la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana lamentan todos los problemas que han surgido en la ejecución de esta mejora, planteada para reforzar la seguridad vial (se solucionan unos problemas de visibilidad) y para atajar los problemas de congestión, especialmente de entrada a Valencia, ya que la V-21 conecta con el centro de la ciudad y distribuye también el tráfico por la ronda norte y por Tarongers. Según la última estadística de intensidad de tráfico del Ayuntamiento de Valencia, correspondiente a mayo, algo más de 75.300 vehículos.

Despejada, salvo sorpresas, la incógnita de la fecha de finalización de las obras -que tienen un coste de 20 millones-, queda por aclarar si, como apuntó la Conselleria de Obras Públicas hace dos años y así trasladó al ministerio, ese nuevo carril de la V-21 será bus-VAO, es decir, quedará reservado exclusivamente para la circulación de vehículos de alta ocupación. Dos preguntas surgen entonces: para cuántos ocupante y desde qué punto viario se iniciaría, ya que se barajó desde Massalfassar.

Otro escollo en unas obras que han estado salpicadas de contratiempos desde su inicio. «Siempre se ha estado al filo de la inseguridad jurídica», destaca el director-gerente de los contratistas, Manuel Miñés, que recuerda las actas de paralización parcial y los modificados (al menos dos) que se han ido produciendo en este tiempo, a lo que se sumó el estado de alarma y, después, los problemas de suministros por el alza de las materias primas.

Las obras, activadas en 2007, no se licitaban hasta agosto de 2017, aunque hasta finales de ese año no se abrieron las ofertas económicas tras haberse retrasado este paso un mes debido a la oposición del Ayuntamiento. El contrato no se formalizó hasta junio de 2018 y, posteriormente, hubo una paralización para reducir la superficie de expropiación. Esto también generó problemas cuando, ya en septiembre de 2019, colectivos en defensa de la huerta ocuparon el Forn de Barraca en Alboraya para evitar su derribo.