Las ITV valencianas no tienen garantizados suministros como la luz a diez días de la reversión

A diez días de que la primera tanda de concesionarias sean desalojadas tras su última jornada en las instalaciones, la Generalitat ha sido consciente de que las empresas cumplirán con su amenaza de no prorrogar servicios tan básicos como la luz. Tampoco el agua, las comunicaciones, la cartelería, los servicios de prevención de riesgos laborales, los seguros y hasta la ropa que se utiliza en las estaciones.

Saben que la norma que aprobaron no cuenta con el respaldo jurídico suficiente tras los informes pertinentes. Es decir, que no podrán forzar a las concesionarias a prorrogar sus contratos hasta el 30 de junio pese a que el 24 de febrero y el 3 de marzo serán los últimos días que operarán dependiendo de cada caso.

Conscientes de que esta situación podía ser una realidad, las firmas que forman parte de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova-ITV) llevaron el asunto a los tribunales al interponer un recurso contencioso-administrativo que, aunque aún no ha sido resuelto y podría salir a la luz una vez concluida la reversión, escenificó que las empresas estaban seguras de su movimiento.

El problema es que, por los estrechos plazos que se manejan, los responsables del departamento que encabeza Rafael Climent se encuentran con el problema de que ahora ya no tienen tiempo de licitar por su cuenta los servicios, el procedimiento habitual dentro de la Administración y el que se ha seguido en otras reversiones como las sanitarias. De esta forma, quedan abocados a utilizar mecanismos de urgencia como los denominados enriquecimientos injustos si se quiere prestar el servicio sin problemas.

Este es un ejemplo más de la premura con la que se está llevando a cabo el proceso para que la gestión pase de las manos privadas a las públicas tras un cuarto de siglo. Bajo el foco de la polémica también ha estado la auditoría de personal, que ni siquiera quiso ser firmada por el experto externo del Consell que les ha asesorado durante los últimos meses.

La misma fue terminada hace pocos días pese a ser uno de los requisitos para que el proceso se llevase a cabo, tal y como decidió hace meses el pleno del Consell liderado por el presidente Ximo Puig. De hecho, el contenido de la misma evidencia que hay algunos de los lotes de las empresas en las que no figuran todos los detalles necesarios para que pasen a formar parte del sector público. Por ello ha despertado el recelo y las críticas de algunas de las partes implicadas en el proceso.

Más allá de suministros palpables, otras de las cuestiones que están en el aire son el del software de gestión de las ITV y el de un servicio tan utilizado por la ciudadanía como es el de la cita previa. Este puede ser un verdadero dolor de cabeza para la Administración que, aunque espera recibir las claves y los usuarios de todas las sedes, podría no utilizar los programas y tener que operar a mano, tal y como se evidencia en diferentes escritos internos.

Mientras, la ciudadanía ve como cada día que pasa quedan menos horas disponibles en diferentes estaciones al mismo tiempo que no se desbloquean nuevas más allá de las fechas de la reversión. Todo pese a la petición de la Conselleria de Economía, que admite que habrá que lidiar con problemas al asumir que no se acatará la medida. Conforme pasen los días el problema se agravará y afectará tanto a particulares como a profesionales de sectores como el del taxi.

Por su parte, desde la Generalitat se trasladó que una de las opciones que se barajaba era crear un portal específico para todas las citas previas (ya que ahora cada concesionaria tiene el suyo), pero de esta propuesta no se ha vuelto a saber nada y el calendario corre en su contra.