Los valencianos destinan 3.864 millones de euros a juegos de azar mientras el sector alerta del mercado ilegal

Sin embargo, desde la patronal del sector, que este jueves presentó en Valencia el estudio 'Juegos y sociedad 2023', alertaron que el mercado ilegal crece en la región valenciana debido «a las restricciones impuestas a las empresas» por el Consell del Botánico, en referencia a la ley 1/2020, de 11 de junio, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido un auto que tilda de «desproporcionada» la distancia de 850 metros a colegios y de 500 entre salones, que es una de las exigencias de la ley. Este pronunciamiento, que ha elevado a Europa, abre la puerta al pago de indemnizaciones, que pueden costar hasta 420 millones de euros a las arcas de la Generalitat, según las estimaciones realizadas por la patronal. En ese sentido, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, ha explicado en la presentación que un total de 450 empresas se verán obligadas a cerrar entre 2024 y 2025 al no poder renovar sus licencias de actividad por incumplir la ley valenciana.

«Se perderá empleo y tributación. Además, se ha incrementado el juego ilegal», añadió Landaluce, que defendió la cantidad de impuestos que ingresan las administraciones por la actividad del juego, que en el caso de la Comunitat fueron 148 millones de euros en 2022. En cuanto al impacto del mercado ilegal, desde el sector aseguraron a LAS PROVINCIAS que es difícil de cuantificar, pero que golpea de lleno a las empresas que tratan de realizar su actividad de manera reglada, sobre todo las dedicadas a las apuestas online, que se regulan a nivel estatal.

«Muchos usuarios optan por empresas que tienen dominio 'punto com' en lugar de 'punto es', que son las radicadas en España, debido a que se encuentran menos exigencias y menos restricciones», explica uno de los empresarios. No obstante, la Generalitat informa que las sanciones por la práctica de juego ilegal se dispararon un 17% en 2021, según los datos más recientes.

«Si no somos capaces de valorar esto y todo lo que genera el juego, nos vamos a enfrentar a una situación delicada en la Comunitat, donde ya se está judicializado el previsible cierre de las 450 empresas, a las que habrá que indemnizar», indicó Lanzaluce. «El auto, además, defiende que ya contamos con otras medidas como la de control de entrada, donde pedimos DNI y no dejamos entrar a menores ni gente con problemas con el juego. Son medidas efectivas y eficientes y no hace falta más», señaló el director. «Cuando te dejas llevar por la intencionalidad política y no estudias de verdad la situación el problema que creas es mayor. Por eso nosotros queríamos hacer aquí la presentación», agregó, en referencia al Consell del Botánico.

Por otro lado, el estudio presentado revela que un total de 22,9 millones de personas, el 83,9% de la población española de entre 18 y 75 años, admite haber jugado a algún juego de azar en el último año según la edición 2023. El estudio, que se ha presentado en la sede de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, destaca que la gran mayoría de los usuarios consideran la actividad como una parte normal de su entretenimiento.

Al margen del juego público (Loterías del Estado y productos de juego de la ONCE) que practica un 66% de la población, un 17,9% de los españoles practica juegos de entretenimiento que se ofertan en casinos, salones de juego, bingos, apuestas deportivas, etc, modalidades en las que el usuario no obtiene una promesa de grandes premios, sino que disfruta a cambio de su inversión en tiempo de ocio. En comparación con otras actividades de los españoles, el juego de entretenimiento se sitúa seis puntos por debajo del teatro (24,5%), casi dos puntos por encima de la pintura (16,1%), dobla al número de personas que tocan instrumentos musicales (9,6%) y quintuplica a los que van a la ópera (3,3%).

El juego es una forma más de ocio, según el propio estudio. El 61% de los usuarios comprende que las pérdidas son el precio que paga por un rato de entretenimiento, un gasto comparable al que se paga por la entrada de un espectáculo. «Los usuarios mantienen con el juego la misma relación que se puede tener con la práctica de otras formas de ocio», explica Landaluce. «La inmensa mayoría de las personas que juegan las vueltas del café a la máquina recreativa en el bar no intentan recuperar las pérdidas. Lo mismo sucede cuando asisten una tarde al bingo con sus amigos. Asumen la pérdida como un intercambio monetario a cambio de pasar un buen rato. Como el que compra una entrada para asistir a un evento deportivo o a un concierto: gasta un dinero, obtiene entretenimiento. No espera salir de pobre: busca divertirse», agrega.

El 15-20% de la población española se muestra renuente a jugar. Son personas que sienten aversión a la actividad, en parte por razones ideológicas o religiosas, por rechazo o recelo de depender de la suerte; también quienes residen en hogares con problemas económicos y una parte relevante de quienes tienen menos de 25 años (en contra de la creencia de que los jóvenes son los principales usuarios).

Retorno a la normalidad prepandemia

La situación generada por la pandemia en la que se obligó al cierre temporal de locales y salones de juego generó un descenso evidente de la actividad en España en el 2020, situándola a niveles similares a los de las crisis económicas. En 2020, el 80,9% de los españoles practicaron alguna modalidad de juego, un dato muy similar al de 2013 (80,3%). A lo largo de estos últimos dos años, las cifras han ido recuperando paulatinamente los niveles prepandemia con un 82,4% de jugadores en 2021 y un 83,9% en 2022.

El porcentaje de jugadores de timbas en 2022 ha descendido al 1,6% de la población de entre 18 y 75 años, es decir, apenas 560.000 individuos en toda España, los niveles habituales previos a la pandemia y a las restricciones de acceso a los locales. Sin embargo, en 2020 y 2021 el recuerdo de esta práctica de juego «informal» ascendía a 1,2 millones de personas. Por tanto, cabe afirmar que restringir el acceso al juego regulado en locales provoca un incremento del juego ilegal.

El porcentaje de usuarios de apuestas en 2022 descendió a un 2,3%, por debajo de 2020, año en el que se situó en 3,7% por razón de la pandemia. Cabe la posibilidad de que este descenso en la representación se deba a la presión social e institucional sobre el juego. Los usuarios de apuestas sufren una discriminación constante y un señalamiento que los empuja a ocultarse.

Por otro lado, desde 2013, el porcentaje de población entre 18 y 75 años que declara jugar en máquinas «B» en bares se sitúa entre el 4% y el 5,9%, es decir, 1,4 y 2,1 millones de personas. Hay una tendencia al descenso, lenta y con altibajos. El recuerdo de juego en estas máquinas se situó en 2022 en 4,1%.

Sobre el juego problemático

Los datos sobre individuos diagnosticados en tratamiento sugieren que el número de personas con trastorno del juego no excede de 8.000. Según la información facilitada por los servicios de salud de las comunidades, la población tratada equivale a un 0,02% de la población entre 18 y 75 años, una prevalencia menor a la que se debería alcanzar para que una enfermedad se considere rara.

Los datos indican que España tiene una relación normal con el juego, con independencia de que el juego problemático sea un grave problema individual para los afectados que requiere atención pública y el mantenimiento del compromiso del sector empresarial para proseguir con sus políticas de juego responsable. En todo caso, se trata de un problema complejo que no se puede adscribir exclusivamente a la oferta de juego. Un estudio reciente, sobre una muestra de 116 pacientes de centros españoles, señala que el trastorno de juego está asociado a otros desórdenes mentales en el 97,4% de los casos.

Globalmente y en Europa Occidental descienden las tasas de posible juego problemático estimado en encuestas de los países. Casi todos los países de Europa Occidental están por debajo del 0,5%, y la mayoría por debajo del 0,3%, España entre ellos. Nuestro país es uno de los cinco que muestran una incidencia más baja en Europa, al nivel de Holanda (0,2%), Portugal (0,2%), Alemania (0,3%), Dinamarca (0,3%), Gran Bretaña (0,3%) y Francia (0,5%). «Desde hace 20 años las tasas de juego problemático de España están entre las más bajas del mundo. Lo indican todos los estudios de ámbito nacional o regional», destaca el director del estudio José Antonio Gómez Yáñez.

Según Alejandro Landaluce, el juego es una actividad que no debería demonizarse. «Es normal porque la gran mayoría de la gente tiene una relación normal con ella. Normal porque es legal y legítima. Normal porque por más filtros ideológicos que queramos imponerle, la realidad es tozuda: no crece el juego privado y no crecen las personas que tienen problemas con el juego. Pese a todo lo que se ha dicho y lo que se dirá de nosotros, este sector siempre ha estado y estará dispuesto a colaborar con todos los actores para avanzar en la protección del usuario con medidas responsables y razonables que permitan que los ciudadanos disfruten del ocio con garantías y en libertad sin ser injustamente discriminados», sostiene.

Impuestos a nivel nacional

El juego privado aporta, entre tasas especiales e impuestos, más de 1.700 millones de euros a las arcas públicas según las cifras del Anuario del Juego 2023 que también se ha presentado en Valencia. La cifra supera en mil millones a la aportación que hace el juego público (unos 700 millones de euros). Ambas tipologías de juego –privado y público– suman un total de 2.400 millones de euros en recaudación, lo que correspondería al 85% de la inversión prevista en el Programa de Rehabilitación de Viviendas financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea que pretende rehabilitar medio millón de viviendas hasta 2026. La tasa sobre del juego privado que recogen las arcas públicas alcanza los 1.026M€, el equivalente a 18.412 trasplantes de corazón o 1.406.000 días de hospitalización en la sanidad pública.

El juego privado emplea a 47.000 trabajadores, diez mil más que el juego público. El sector crea en total unos 85.000 empleos directos, una cifra similar a la de 2017. Por su parte, las máquinas B en hostelería sostienen 40.000 empleos. Sumando el resto de los empleos indirectos, se alcanzan 170.000 puestos de trabajo.

El gasto en juego supone el 0,76% del PIB, prácticamente igualando el gasto registrado en 2019. El 48% de este gasto procedió de loterías gestionadas por el sector público. SELAE ha crecido un 5,7% respecto a 2019 y la ONCE alcanzó el mismo nivel de ingresos que en 2019 gracias al crecimiento de los rascas de la ONCE, producto especialmente enfocado a los jóvenes. Sin embargo, los Cupones de la ONCE y la Quiniela están en un claro declive.

El gasto en juego privado se recupera más lentamente y está al 89,4% del nivel de 2019. Las apuestas han agotado su ciclo ascendente, entrando en una fase de estabilidad, al igual que los salones de juego. El bingo está en proceso de reinvención frente al declive de las máquinas en hostelería. Una parte del gasto en juegos de entretenimiento (casinos, apuestas y bingo) se ha desplazado a la modalidad online, que ha pasado de los 740 millones de euros a 924. El incremento del gasto online es especialmente significativo en juegos de casinos y slots. El juego online se encuentra estabilizado desde 2016 entre un 3,3% y un 4% de jugadores activos, con cierto descenso de los juegos de casino y aumento de los juegos de apuestas.