Casero o inquilino: ¿quién paga los gastos de la agencia inmobiliaria?

Durante años, los costes de los honorarios de las agencias inmobiliarias han sido una barrera para muchos inquilinos que estaban en búsqueda de una vivienda en alquiler. El desembolso económico que exigen los propietarios al inicio del contrato, sumado a este coste extra, son factores importantes que a menudo suponen una carga financiera difícil de asumir.

Con la nueva Ley de Vivienda, aprobada el pasado 14 de abril por el Gobierno, ERC y Bildu, serán los propietarios de las viviendas en alquiler los que tendrán que abonar los honorarios de las agencias inmobiliarias. Concretamente, el texto indica: «Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador», independientemente de que sea persona física o jurídica.

Hasta el momento, Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato son a cargo del arrendador cuando este es una persona jurídica. Sin embargo, no dice nada respecto a los caseros particulares. Un espacio en blanco que terminaba resultando en que era el inquilino quien terminaba haciéndose cargo una mensualidad de renta en concepto de honorarios de agencia, cuando el que había contratado los servicios de la inmobiliaria era el propietario.

Con esta nueva medida, «se termina con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será éste el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere», apuntan los portavoces de EH Bildu y ERC.

Los inquilinos se liberan así de uno de los gastos iniciales que debían afrontar al alquilar un piso. En este sentido, el desembolso en la firma del contrato podía ascender a cuatro o cinco mensualidades juntas: el primer mes de alquiler, un mes de fianza, uno o dos meses de garantía adicional y la comisión de la inmobiliaria.

Esto implica que, en un alquiler de 700 euros al mes, el inquilino tendría que aportar al menos 2.100 euros. Una cantidad que puede aumentar si el propietario decide solicitar las dos mensualidades de garantías adicionales. En ese caso, el gasto se elevaría hasta 3.500 euros.

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