El Consell aplaza la norma del Botánico que imponía directrices a las nuevas viviendas

El Consell allana el camino para que su gran plan de construir 10.000 viviendas sociales durante esta legislatura se haga realidad. Tras el choque que se había producido con los promotores por un decreto del Botánico aprobado 'in extremis' el Ejecutivo ha aplazado la entrada en vigor de la normativa, prevista para el 2 de diciembre.

Así lo ha decidido en el pleno del Gobierno valenciano de hoy, que ha aprobado una modificación de urgencia que, aunque no fija los nuevos plazos, confirma que, como poco, dilatará el proceso. Todo un guiño a los promotores, que habían pedido directamente eliminarlo para que el plan del presidente Carlos Mazón pueda ser una realidad.

Como adelantó LAS PROVINCIAS, desde la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana (Feprova), consideran el decreto «ideológico» y que imponía una serie de medidas que «hacen inviable» la Vivienda de Protección Oficial (VPO) a un precio asequible. Además, avisaban de que encarecería aún más la obra nueva al tener que cumplir con unas exigencias que elevan «muchísimo» el coste.

En concreto, lo que no gustaba era que se impusieran cuestiones como la instalación de una pila para lavado de la ropa, que las azoteas se destinen a placas solares, que los patios interiores tengan unas medidas concretas y que se construya un piso comunitario en los edificios de más de 24 viviendas para favorecer la relación entre vecinos como si se tratara de un espacio de 'coworking'.

Ruth Merino, consellera de Hacienda y portavoz del Consell, ha asegurado que el objetivo de esta medida es «no dificultar a las empresas constructoras su trabajo» durante lo que ha querido denominar «la legislatura de la vivienda». «El decreto no contaba con el consenso del sector», ha destacado Merino, que ha criticado que la norma se aprobase el 26 de mayo, sólo dos días antes de los comicios autonómicos que provocaron un vuelco político en la Comunitat Valenciana.

Ahora será la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda la que deberá sentarse con el sector para ver si es suficiente con ampliar los plazos o se tiene que reformar algún apartado de la normativa.

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