La Generalitat tiene entre sus competencias la capacidad para sancionar a los grandes propietarios de viviendas que no ponen en venta o alquiler inmuebles que lleven más de un año deshabitados. Sin embargo, no se está aplicando esta potestad, recogida en una normativa aprobada por ... el anterior Consell.
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Se trata del decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, que desarrolla la ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. Bajo este paraguas, la Generalitat llegó a sancionar en 2023 a cinco grandes propietarios –aquellos con más de diez inmuebles–.
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Álex Serrano López
Sin embargo, el Ejecutivo de Carlos Mazón parece ignorar este mandato que sigue vigente a día de hoy. La Conselleria de Vivienda, tras ser preguntada por LAS PROVINCIAS, sólo destaca la obligación de estos grandes propietarios de pagar un impuesto por vivienda vacía tras inscribirse en el Registro de Viviendas Deshabitadas, regulado por el mismo decreto. «Por tenerlas vacías ya pagas un impuesto. No es que se sancione por tener la vivienda vacía, es que tienen que estar en el registro y pagar un tributo por casas vacías», explican desde el departamento que dirige la también vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
Pese a esta explicación, el texto del decreto es claro. «Así mismo, la notificación advertirá de la posible ejecución forzosa mediante la aplicación de multas coercitivas y de la posible iniciación del correspondiente procedimiento sancionador en los términos y plazos previstos en este decreto», reza el artículo 42.
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El decreto contempla la imposición multas coercitivas para aquellos casos en los que, después de seis meses de haberse inscrito en el registro de viviendas vacías, mantienen esos inmuebles fuera del mercado de la vivienda. Es decir, sin ponerlos en venta ni alquiler.
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Si pasado el medio año desde que se registra el inmueble sigue su condición de deshabitada, la Generalitat debe sancionar con una cuantía equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de protección pública multiplicado por el número de metros cuadrados útiles de superficie y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago. «El inicio del cómputo del plazo de seis meses para que en caso de no producirse y acreditarse el cumplimiento de la medida pueda imponerse multas coercitivas», señala el artículo 43 del decreto.
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Según los últimos datos del registro, en la Comunitat hay 3.157 viviendas vacías y 17 grandes tenedores. Cabe recordar que este registro no es obligatorio para los pequeños propietarios, es decir, aquellos con menos de diez inmuebles, por lo que es una regulación que afecta especialmente a bancos y fondos. En cuanto al impuesto sobre viviendas vacías, los grandes propietarios pagaron 7,16 millones de euros hasta septiembre de este año, lo que supone un incremento anual del 2,4%.
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En pleno debate sobre los elevados precios del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda en régimen de compra, expertos inmobiliarios apoyan este tipo de medidas –como la movilización de viviendas vacías– como una de las múltiples soluciones. «Pero no basta con sacar solamente las viviendas vacías al mercado. Muchas de ellas están ubicadas fuera de zonas tensionadas y algunas ni siquiera tienen contador ni están en condiciones de habitar», explica el director de la Cátedra de Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, quien también advierte que penalizar al pequeño propietario poniendo topes a las rentas «no funciona, tal y como se ha demostrado en otras ciudades». En ese sentido, aboga por construir más parque público.
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