El plan de vivienda de Mazón: 6.000 en suelo municipal y 4.000 en privado

Aunque son ya 40 los ayuntamientos que se han mostrado dispuestos a ceder terreno, se desconoce cuánta superficie ofrecen y cuánta se necesitará para conseguir el ambicioso objetivo de este plan que, además, no requerirá de «ninguna recalificación» de suelo, según insistió Mazón. Por tanto, ahora la pelota está en el tejado de los consistorios de la Comunitat y en su capacidad y voluntad para ceder suelo, algo sobre lo que el jefe del Consell se mostró optimista, tal y como dejó ver en la presentación del plan, donde se firmó un convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para que esta última incentive la movilización de suelo propiedad de los ayuntamientos.

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Elísabeth Rodríguez

Por su parte, desde el sector privado valoran la iniciativa, pero indican que «hay aún flecos por cerrar», como es el decreto que el Consell tiene pendiente de aprobar para la promoción de vivienda de protección pública (VPP, anteriormente conocido como VPO) y que Mazón aseguró que saldrá adelante este mes de abril. Este decreto es de vital importancia puesto que determinará el nuevo precio del módulo para ajustarlo a los costes actuales de las materias primas. «Hay que esperar a que pase este mes y ver en qué queda el decreto 68/2023, que esperamos poder revisar antes de que se apruebe. Por otro lado, no sabemos cómo van a reaccionar los bancos con el tema de financiación», señala el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora.

En el terreno de las estimaciones, el Plan Vive movilizará una inversión de 7.326 millones de euros –un 2% del PIB–, generará 74.000 empleos directos e indirectos, beneficiará a 24.600 personas y recaudará 487 millones de euros de IVA, cuyo 50% quedará en arcas autonómicas.

En el marco de este plan, se aprovechará el suelo urbano o dotacional residencial de titularidad pública y el suelo privado que está pendiente de ejecución mediante mecanismos de colaboración como los concursos de derechos de superficie, permutas y concesiones administrativas que permitan al sector privado la gestión de los alquileres durante una horquilla de entre 50 y 70 años. Todo ello, «sin recalificar nada» de suelo.

El plan incluye cambios normativos ya puestos en marcha, como era la modificación de un decreto del Botánico que establecía las condiciones en las que se debía construir la vivienda de VPO, unas condiciones que el sector privado calificaba de «ideológicas» y que hacían inviable la rentabilidad de las edificaciones, motivo por el que exigían su eliminación como condición sine qua non para colaborar en el Plan Vive.

Esta iniciativa se destinará tanto para alquiler social, alquiler con opción a compra y para compra de vivienda de protección pública (VPP, anteriormente conocido como VPO). En concreto, un total de 96 millones de euros proceden de fondos europeos y cada vivienda se financia con 50.000 euros. Uno de los paquetes que se espera que salgan cuanto antes son las 1.101 viviendas pendientes de negociar la financiación con el ICO, una iniciativa que se retrasó tras quedar desierto el primer concurso público para construir en 17 parcelas en Valencia. Para este millar de inmuebles el Consell ya ha concedido 50,2 millones de euros.