Crecen las prácticas abusivas en los contratos de alquiler en la Comunitat

Esta es la situación en la que se encuentra una joven pareja que reside en un piso ubicado en la calle Río Escalona y que acaba de ser comprado por un particular que vive en Cataluña. «El nuevo propietario nos tiene que hacer otro contrato de alquiler. No queríamos que nos subiera el precio que ya pagábamos, pero lo que nos hemos encontrado es un despropóstio», cuenta el joven valenciano que enseña, junto a su novia, el documento mandado por el asesor del nuevo arrendador.

Lo más llamativo de este contrato es que hace referencia a artículos de la Ley de Arrendamientos Urbano (LAU) para hacer creer a los inquilinos que están obligados a pagar la cuota de la comunidad de propietarios, los servicios de portería, la tasa de recogida de basura y el IBI. Sin embargo, tal y como expresa la norma, estos cargos deben estar consensuados por ambas partes, por lo que no es una obligación para el inquilino.

«La falta de vivienda impulsa un mercadeo que vulnera derechos. Son principalmente pequeños inversores y particulares que introducen estas cláusulas para obtener mayor rentabilidad», explica el secretario general de La Unión de Consumidores de la Comunitat, Vicente Inglada. Por su parte, el presidente de Avacu, Fernando Móner, explica que es importante que los inquilinos acudan a organizaciones de consumidores para evitarse estos engaños, aunque podrían anularse las cláusulas abusivas después de haber sido firmadas.

Otro apartado donde el contrato es confuso es el referente a las reformas y mejoras que se deban realizar en la vivienda. Según el documento que ha recibido esta pareja, los inquilinos deben hacerse cargo de «aquellas pequeñas reparaciones y mantenimiento que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, tales como los desperfectos en cristales, cerraduras, persianas, cocina, fregaderos, elementos sanitarios, grifos, atascos en tuberías, desagües, calentadores, calderas, antenas de TV, calefacción, aire acondicionado y demás elementos propios de las instalaciones de que se encuentra dotada la vivienda».

Este párrafo sorprendió especialmente a los dos jóvenes, que explican que los elementos a los que hace referencia el contrato llevan muchos años en la vivienda, por lo que su estado no puede atribuirse a los inquilinos. «Una cosa es el mal uso por parte de los inquilinos, ¿pero el desgaste? No veo justo que yo tenga que pagar la reparación de una nevera que está funcionando desde que entró el primer inquilino en 2005», explica el joven.

Sin embargo, la LAU se limita a señalar que corren a cargo del arrendatario sólo «las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda». Es decir, todos los elementos citados en el documento no aparecen en la norma, aunque el propietario asegura que se ampara en ella. Es más, la LAU indica que «el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias salvo cuando el deterioro sea imputable al arrendatario».