El decreto que publicó la Generalitat el pasado 16 de junio para reactivar la vivienda de protección oficial (VPO), que ahora recibe el nombre de vivienda de protección pública (VPP), ha causado caos y confusión en sus primeros diez días en vigor. Desde el Colegio de Registradores de la Comunitat explican a LAS PROVINCIAS que la norma ha generado «un debate interno» en el seno de la institución debido a falta de claridad sobre a qué inmuebles se puede aplicar.
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«No se concreta sobre si estos nuevos requisitos se deben aplicar en las nuevas viviendas de VPO o las que estaban con esta calificación anteriormente», señalan desde el colegio valenciano, que incide en que se trata de una problema de «interpretación jurídica» que, lógicamente, deriva en una falta de uniformidad de criterio, con los retrasos que eso puede conllevar a la hora de gestionar las primeras solicitudes de vivienda de protección pública si la situación se alarga en el tiempo.
Ante esta situación, los profesionales han concluido que cada uno aplique la norma como considere. «Se ha concluido que la cuestión está sujeta a la interpretación jurídica de cada registrador bajo su responsabilidad en la calificación. Se trata de una cuestión de interpretación jurídica que admite varias posturas o posicionamientos», explican desde el colegio valenciano, que insisten en que «todavía es pronto» para que esta situación haya dado lugar a paralización de operaciones o retrasos.
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Desde la Dirección General de Vivienda de la Generalitat, por su parte, confirman esta confusión entre los profesionales que deben interpretar y aplicar la nueva norma, motivo por el que está «trabajando» en enviar una circular aclaratoria tras «haber mantenido conversaciones sobre posibles criterios» con el colectivo de los registradores.
Por otro lado, desde el Colegio de Notarios de Valencia afirman que «todavía no ha dado tiempo» a que se produzca ninguna parálisis significativa en las operaciones, ya que la ley lleva poco más de una semana en vigor. Además, aseguran que, en caso de existir retrasos, corresponderían «a los plazos habituales de puesta en marcha de cualquier nueva legislación». En este sentido, cabe recordar que con este decreto cualquier persona interesada en adquirir una de estas viviendas, debe inscribirse en un registro de solicitantes de VPP.
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La publicación de este decreto ha requerido más de dos años de tramitación desde su impulso por parte de la conselleria, que ha respondido a la reivindicación del sector promotor de actualizar los precios de las obras ante el encarecimiento de las materias primas, ya que las cifras anteriores hacían inviable la construcción tanto para las empresas privadas como para la propia Administración. De hecho, una buena prueba de ello es que en los dos últimos años no se ha construido ninguna vivienda de protección oficial, tal y como aseguran los mismos datos de la Generalitat.
Unificación de tres normas
Este decreto unifica tres normativas diferentes. En concreto, ha refundido en un mismo texto la promoción pública, la privada y la gestión del patrimonio público de la Generalitat. Entre sus novedades, destaca la eliminación de las áreas geográficas y el aumento del precio, que ahora se sitúa en 2.200 euros el metro cuadrado útil. Además, en la vivienda protegida destinada al alquiler, la renta no puede superar el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia.
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Por otro lado, da la posibilidad de modificar el precio máximo de venta en función de la evolución de los costes de construcción cuando se registren variaciones anuales superiores al 5%. Además, por primera vez la calificación de VPP es permanente, por lo que nunca perderán su protección pública.
Gandia es la localidad costera de España con mayor rentabilidad
La localidad valenciana de Gandia es la ciudad costera española que actualmente ofrece mayor rentabilidad. En concreto, en mayo alcanzó un rendimiento del 11,6%, es decir, 7,7 puntos más que hace 15 años (2008) y 6,5 puntos más que hace 10 años (2013), según el análisis 'Rentabilidad en municipios costeros en verano de 2023' realizado por el portal Fotocasa. Tras Gandia, le siguen las rentabilidades de las viviendas ubicadas en Laredo (11,1%), Manga del Mar Menor (10%) y Águilas (10%). Otras ciudades valencianas destacadas, con una rentabilidad entre el 6 y el 10%, son Santa Pola, Sagunto, Benidorm, Alicante, Torrevieja y Elche.
El motivo por el que se ha tardado tanto en publicar esta normativa, tan necesaria para poder aumentar la vivienda asequible en tiempos de máxima urgencia habitacional, se debe a cuestiones técnicas y administrativas, según la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga. «Constituimos una comisión de trabajo con el sector, técnicos y demás agentes para empezar a revisar toda la normativa. Hasta que ha pasado por el último trámite del Consell Jurídic Consultiu y se ha aprobado han pasado dos años», explica.
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