El abandono de la VPO en la Comunitat: cero pisos levantados en dos años

Desde 2010 a 2020, la construcción pasó de 1.007 a 4 pisos, según los datos que ha facilitado la Conselleria de Vivienda a este periódico. Si la comparación se hace respecto a hace treinta años, la obra destinada a VPO registra un batacazo del 373%. En concreto, en 1992 se construyeron 14.948 viviendas frente a las cuatro de 2020. El año en el que más inmuebles de VPO se construyeron en la Comunitat fue 1994, cuando se alzaron 20.752.

Según explica la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, la nula construcción de VPO en la Comunitat en estos dos últimos años se debe a dos motivos: los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. Lo primero supuso la detención de la actividad en términos generales debido a la parálisis económica derivada del confinamiento. Lo segundo estalló en un encarecimiento de las materias primas que golpeó –y aún sigue afectando– a todo el sector de la construcción.

Para más inri, este incremento de los costes se ha sumado a una política de VPO en la Comunitat que no ha incentivado en absoluto la iniciativa privada. Y, es que, los precios establecidos por la Generalitat llevaban sin actualizarse desde 2009. Los llamados módulos, que marcan estos precios, se regían, además, por áreas geográficas, lo que generaba diferencias entre municipios. En concreto, en Valencia ciudad el módulo estaba en 1.819,2 euros el metro cuadrado útil.

Estas cifras hacían inviable la construcción tanto para las empresas privadas como para la propia Administración, ya que con el encarecimiento de los costes en los últimos años no se podía sacar rentabilidad a la obra. Ante esta situación, los promotores valencianos han reivinciado una actualización de los módulos que, por fin, la Generalitat publicó este pasado lunes en el DOGV tras meses de estudio conjunto con el sector privado.

Este decreto unifica tres normativas diferentes. En concreto, ha refundido en un mismo texto la promoción pública, la privada y la gestión del patrimonio público de la Generalitat. Entre sus novedades, destaca la eliminación de las áreas geográficas y el aumento del precio, que ahora se sitúa en 2.200 euros el metro cuadrado útil. Además, en la vivienda protegida destinada al alquiler, la renta no puede superar el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia. Por otro lado, el decreto da la posibilidad de modificar el precio máximo de venta en función de la evolución de los costes de construcción cuando se registren variaciones anuales superiores al 5%.

Pero, ¿por qué han tardado tanto en publicar esta normativa, tan necesaria para poder aumentar la vivienda asequible en unos tiempos de máxima urgencia habitacional? ¿Es casualidad que haya salido apenas tres semanas antes de elecciones? Según la directora general de Vivienda, esta tardanza no responde a una cuestión política. «Se empezó a trabajar hace dos años y era un objetivo de la legislatura. Constituimos una comisión de trabajo con el sector, técnicos y demás agentes para empezar a revisar toda la normativa. Hasta que ha pasado por el último trámite del Consell Jurídic Consultiu y se ha aprobado han pasado dos años», explica Azcárraga, quien admite que la reconversión de la conselleria, con el nuevo equipo –con Podemos al frente– ha lastrado el avance. «Es importante que por primera vez hemos establecido la calificación permanente, por lo que las VPO nunca perderán su protección pública», agrega.

Los promotores valencianos celebran el nuevo decreto pero no dejan de apuntar al problema principal del encarecimiento de la vivienda: la falta de oferta derivada de la escasez de suelo urbano para construir. El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón, señala que este problema viene de hace años y no se puede atribuir sólo a la inflación y a la guerra. «El primer responsable es la Administración, que no hacía vivienda protegida. El Estado se sigue enfocando en la demanda y no tanto en producir viviendas», criticó el experto durante el foro organizado la semana pasada por los promotores de Valencia (Aprova).

De hecho, según un informe de la Cátedra de la UPV, en el cuarto trimestre de 2022, el precio subió más de un 50% respecto al mismo trimestre de hace únicamente dos años debido al agotamiento de la viviendas disponibles, estrechamente relacionado con la falta de suelo urbano.