Más de 9.000 familias valencianas en riesgo de desahucio: la PAH convoca una manifestación a las puertas del 23-J

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado en rueda de prensa una manifestación en la plaza del ayuntamiento el próximo jueves 20 de julio con el lema 'ni un paso atrás', para hacer frente a la «inminente catástrofe residencial que está por llegar». La organización estima que más de 13,000 familias en la Comunitat demandan vivienda social, y asegura que para marzo de 2024, más de 9.000 familias valencianas podrían quedarse sin hogar debido a demoras hipotecarias.

Por ello, los representantes de la plataforma han defendido que el nuevo Consell aplique las diferentes leyes de protección de la vivienda, como la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Entre las nuevas demandas planteadas, la PAH solicita que los grandes propietarios estén obligados a ofrecer alquiler social antes de iniciar un proceso judicial de desahucio contra personas o familias vulnerables. Además, propone limitar los precios de alquiler y sus incrementos al 30% de los ingresos, incluyendo el alquiler, la hipoteca y los servicios públicos.

La plataforma también propone un plan de choque para ampliar el parque público de viviendas, utilizando las propiedades de la SAREB que sean cedidas a las Comunidades Autónomas. Además, plantea la introducción de mecanismos que permitan a los ayuntamientos y a la ciudadanía promover la declaración de zonas tensionadas.

Igualmente, han reivindicado que Valencia y su área metropolitana sean declaras zonas tensionadas en aplicación de la ley de vivienda. A su juicio, «no puede haber ninguna persona que esté de acuerdo en que las casas decaigan o estén deshabitadas». Por ello apuestan por la obligación del alquiler asequible a grandes tenedores y apelan a solidaridad en lugar del enfrentamiento.

Respecto a las declaraciones de la nueva alcaldesa, María José Catalá, sobre las zonas tensionadas, la plataforma pide que no se politice la situación y se aplique la ley de vivienda en aquellos lugares donde sea necesario, como en el caso del Cabanyal. La plataforma ha solicitado una reunión con la alcaldesa y tiene previsto hablar con el concejal de urbanismo para transmitir sus peticiones.

Los activistas, que han valorado positivamente que vaya a mantenerse esta reunión, expondrán que se deben declarar zonas tensionadas en València y su área metropolitana, donde «no se encuentran ya viviendas por debajo de los 650 euros» de alquiler mensual.

Sobre qué esperan del nuevo gobierno municipal del PP al depender de acuerdos con Vox, han asegurado que «lo esperan todo». «La PAH siempre dice que hace posible lo imposible», han comentado, antes de opinar que los partidos hablan mucho para ganar elecciones, pero luego deben poner lo dicho en práctica. «Después del 23 de julio, viene el 24», han recordado.

Así pues, desde la organización aseguran que no se eliminará la ley de Vivienda, no se vulnerará la Ley de Función Social de la Vivienda y que los ayuntamientos se acogerán al decreto de tanteo y retracto.

Según criterios del anterior Ejecutivo, la Comunitat concentra una gran cantidad de municipios considerados como zonas tensionadas, como Sagunt, Vinaròs, Sant Joan d'Alacant Elda, Casas Bajas, entre otros muchos. En la capital del turia, la Saïda, Poblados marítimos, Quatre Carreres, Extramurs, y Jesús son los distritos donde más ha crecido el precio del alquiler, obligando a los residentes a destinar entre el 25% y 30% de su salario a pagar la vivienda.

De hecho, el distrito valenciano de Quatre Carreres, donde se ubica la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se encuentra actualmente con un precio de alquiler en máximos históricos tras haber alcanzado una media de 11,9 euros por metro cuadrado al mes, precio que lleva subiendo desde el tercer trimestre de 2021.

Por otro lado, los representantes de la organización han explicado que este jueves acompañarán a una mujer, Marian Fernández, a interponer una denuncia por acoso inmobiliario contra la promotora Coliseum que ha adquirido la vivienda que tenía alquilada y en la que viven cinco personas, entre ellas tres niños. Esta será la cuarta denuncia que interpone la plataforma de este tipo.

Según los activistas, la promotora «diariamente, más de tres veces al día, llama a la mujer para decirle que se tiene que ir, que busque otra casa porque pronto la tirarán», y ha llegado a ofrecer cantidades dinero «ridículas» para que se marche cuando ella tiene una moratoria y ningún proceso judicial de lanzamiento abierto.

Los miembros de la plataforma han asegurado que la PAH no es partidista pero tampoco apolítica. «Defendemos los gobiernos que desarrollan políticas sociales que protegen los derechos de la ciudadanía, entre ellos el de la vivienda», han recalcado, antes de recordar la importancia de garantizar políticas sociales, advirtiendo que la eliminación de la ley de vivienda y todo su marco normativo se considerará una «declaración de guerra».

Por el momento la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se mantiene firme en su lucha por el derecho a la vivienda, esperando que se escuchen y atiendan sus demandas para proteger a las familias más vulnerables y prevenir una crisis residencial mayor en el país.

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