Economistas alertan de un mercado negro del alquiler con la nueva ley de vivienda

La falta de vivienda disponible en alquiler está dando lugar a situaciones discriminatorias y diversas irregularidades, como los denominados castings inmobiliarios o las subastas de precios, tal y como se ha estado viendo en los últimos meses. Y, según varios economistas, este fenómeno irá a peor con la nueva ley de vivienda debido a que, a su juicio, reducirá aún más la oferta del alquiler. Incluso, hasta el punto de que se genere un mercado negro del alquiler donde los aspirantes que paguen una cantidad extra sean los que consigan el piso arrendado, pese a que el precio del inmueble esté sometido a unos topes mediante la nueva norma recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

En concreto, cuatro expertos del Consejo General de Economistas advirtieron este martes en un coloquio de que la Ley de Vivienda dará lugar a este tipo de situaciones que llevará, finalmente, a bloquear el acceso a un alquiler a las familias y personas más vulnerables. «Si el Gobierno pone un precio por debajo de mercado pues habrá un incremento de demanda en esas áreas y, por tanto, se producirán colas para alquilar y se favorecerá al que pague por avanzar en esa cola», indicó Ángel de la Fuente, a lo que Julián Salcedo puso como ejemplo lo ocurrido en Ámsterdam o Estocolmo, donde los potenciales inquilinos «pagan para adelantar su puesto en la cola».

Según explicaron, el control de precios «provocará» una reducción de la oferta, lo que multiplicará los «castings inmobiliarios» y expulsará del mercado del alquiler a las familias con menos recursos económicos. Además, señalaron que el reducido tamaño del parque de alquiler en España y su dispersión espacial y tipológica limitan la fiabilidad de los índices de referencia para la fijación de precios.

Cabe recordar que será el Estado el que indique qué es un área tensionada y, en base a eso, cada comunidad autónoma la puede declarar y establecer la horquilla de precios. Según Joan Ràfols, esto puede dar lugar a un choque de competencias entre la administración estatal y las autonómicas. «Se establece un marco estatal pero luego las autonomías deciden, por lo que va a ser una ley con mucha conflictividad en los tribunales debido al sistema de fijación de rentas», afirmó.

Por otro lado, los economistas también destacaron que la definición de gran tenedor desalentará a los dueños con un cierto número de viviendas. En el caso de la Comunitat, se pondrá el mínimo en cinco inmuebles para ser gran propietario. «Esta figura de gran tenedor no existe en ningun país de Europa. Esto responde más bien a la voluntad de algunos gurús políticos de penalizar la propiedad, cuando la redistribución de la riqueza se debe hacer vía fiscal», aseguró Ràfols.

Los economistas coincidieron en que se debería «abandonar» la intervención sobre los precios de alquiler y proteger de forma efectiva los derechos de los propietarios. También sugirieron aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, incentivar la promoción privada de vivienda asequible y establecer un sistema de subsidio para las familias con menores rentas.

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