Casi un millón de euros para evitar las ocupaciones en viviendas públicas de la Generalitat

Según el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, la ocupación ilegal de viviendas «se ha convertido en un fenómeno» que está afectando a «muchos propietarios que se encuentran desamparados por una legislación del Gobierno de España que no da seguridad jurídicas ni garantías» y ha puntualizado que se trata de «un grave problema que afecta al mercado de la vivienda«.

Al respecto, ha indicado que las conductas incívicas generan «numerosos problemas de convivencia» en los bloques de viviendas públicas, «inseguridad para los inquilinos» de viviendas sociales y un «sobrecoste» a la administración autonómica, que se ha visto obligada en los últimos años a «redoblar esfuerzos» implementando mecanismos de prevención como alarmas, puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en «muchos bloques de vivienda titularidad de la Generalitat».

«Representa un perjuicio para muchas familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda a las que la administración no puede entregar estas viviendas», asegura. Por ello, ha señalado que el Consell trabaja «intensamente» para no tolerar nuevas ocupaciones ilegales, «ya que vulneran los derechos de muchas personas, impiden la adecuación y rehabilitación de las viviendas y además suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y el resto de los vecinos».

Reparación de viviendas

La EVha, como entidad gestora de las viviendas públicas de la Generalitat, tiene entre sus objetivos la reparación y la adjudicación de las viviendas para destinarlas a alquiler social. En numerosas ocasiones, las actuaciones de valoración y reparación de inmuebles no pueden completarse porque algunas viviendas son asaltadas u ocupadas durante estos periodos de adecuación, imposibilitando así su adjudicación a las familias necesitadas.

«De ahí la necesidad de implantar una serie de medidas que disuadan la ocupación», señala la Generalitat. La primera de ellas es la instalación de puertas antivandálicas. Durante 2024 se han instalado 223 puertas, con una inversión de unos 100.000 euros.

Sin embargo, la instalación de estas puertas, se ha revelado insuficiente en algunos casos y ello obliga a poner en marcha nuevos mecanismos de control para evitar los asaltos y usurpaciones en las viviendas públicas. De ahí la contratación de sistemas de seguridad e instalación de 250 alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico con el fin de evitar que puedan ser asaltadas de forma ilegal.

Los sistemas de alarma con conexión a una central de alarmas y con aviso inmediato la Policía suponen un refuerzo sustancial en la prevención de las ocupaciones. El coste de este servicio es de 125.000 euros anuales. Una vez que la vivienda se repara y adjudica a la familia correspondiente, la alarma se traslada a otra de las viviendas que se encuentren en proceso de rehabilitación.

Seguridad privada

Por otra parte, en algunos edificios de vivienda pública se ha contratado seguridad privada 24 horas para evitar actos vandálicos, o la ocupación de edificios finalizados mientras se realiza la adjudicación de las viviendas.

En los casos en que la ocupación ilegal de la vivienda es detectada en el momento de llevarse a cabo, desde la EVha se requiere de forma inmediata el desalojo a los ocupantes y se inicia de forma inmediata el expediente administrativo para el desalojo.

En estos casos, o cuando la ilegalidad es reiterada o cuando se tiene constancia de que la ocupación viene derivada del tráfico ilegal de viviendas o actividades delictivas, se interpone una denuncia por usurpación. Este hecho activa las diligencias urgentes del juzgado y, en ocasiones, supone la celebración de juicio rápido y desalojo inmediato de los ocupantes.