Nueva York prohíbe los apartamentos turísticos y altera a Airbnb

Si en las últimas semanas has intentado reservar un apartamento para pasar unas cortas vacaciones en Nueva York, quizá hayas detectado la escasa oferta que hay plataformas como Airbnb o VRBO. Una nueva ley local, la Local Act 18, prohíbe desde el 5 de septiembre de 2023 alquilar apartamentos para estancias menores de un mes, dejando fuera de juego a buena parte de los 36.000 apartamentos turísticos de la ciudad.

La nueva ley solo permite el alquiler de habitaciones siempre y cuando el arrendador viva en el apartamento y esté presente durante la estancia de sus visitantes, que no podrán ser más de dos al mismo tiempo ni podrán cerrar las puertas de su cuarto con llave.

Para ello, los anfitriones tendrán que registrarse en la alcaldía y pagar 145 dólares cada dos años. Pero los permisos se otorgan con cuentagotas. De las más de 3.800 solicitudes registradas hasta ahora, menos de 300 han sido aprobadas. Las multas para los infractores oscilan entre 1.000 y 7.500 dólares, aunque los usuarios no se verán afectados.

Airbnb, la mayor plataforma de alquiler de apartamentos turísticos, ha explicado que en junio presentaron una demanda contra el Ayuntamiento de Nueva York por esta ley, pero fue desestimada. Así, desde el 5 de septiembre las autoridades locales han empezado a aplicar las nuevas normas.

Para Airbnb «la ciudad está enviando un mensaje claro a millones de visitantes potenciales que ahora tendrán menos opciones de alojamiento cuando visiten Nueva York: no son bienvenidos», dice en un comunicado Theo Yedinsky, director de política global de la plataforma.

Para cumplir las nuevas normas Airbnb recuerda que solo hay dos opciones: registrarse en el Ayuntamiento y seguir el procedimiento, u ofrecer estancias mínimas de 30 días. Esto implica directamente que quien no haga ninguna de las dos cosas no podrá ofrecer alquileres en Airbnb, lo que pone en jaque a la compañía.

De hecho, ha explciado que desde el 14 de agosto ha bloqueado el calendario para evitar que se recibieran reservas de estancias cortas con fecha de llegada a partir del 5 de septiembre.

«Con el fin de mitigar las consecuencias para los anfitriones y los huéspedes, no se cancelarán las reservas confirmadas que comiencen, como tarde, el 1 de diciembre. Para cumplir las normas relativas a los alquileres para estancias cortas, tras la llegada reembolsaremos todas las comisiones de Airbnb asociadas a estas estancias», añade. «Las reservas confirmadas de estancias cortas con fecha de llegada a partir del 2 de diciembre se cancelarán y se reembolsará el importe correspondiente».

La alcaldía quiere acabar con una práctica «ilegal», que genera «ruido, basura y problemas de seguridad» tanto para visitantes como para residentes permanentes. «Muchos edificios de viviendas no tienen personal de seguridad adecuado para lidiar con viajeros», alega la Oficina de Aplicación Especial de la legislación, encargada de hacer cumplir esta ordenanza aprobada en enero de 2022, tras años de intentos regular este mercado.

En una ciudad con alquileres que rondan los 5.000 dólares mensuales de media, uno de los objetivos de la nueva ordenanza es que muchos de estos apartamentos turísticos salgan al mercado y alivien la deficiencia crónica de vivienda de la ciudad. Pero muchos consideran que creará una crisis mayor de la que espera resolver.

La organización RHOAR, que reúne a pequeños propietarios de un máximo de dos viviendas, asegura que eliminar los alquileres de corto plazo «amenazará la capacidad de los propietarios de hacer frente a sus hipotecas, posiblemente creando una crisis de vivienda adicional», y los pone «en grave riesgo financiero y personal».

Es el caso de Tricia T. (prefiere no dar su apellido), de 63 años, que alquilaba la parte baja de su casa familiar de dos pisos en Brooklyn. Recién jubilada, si tiene que prescindir de los 3.000 dólares de media mensuales que le reportaba el alquiler, quizá se tenga que replantear volver a trabajar, dice a la AFP por teléfono. «Casi todo el mundo en la organización es dueño de su casa y la compraron pensando que tenían el derecho de hacer lo que que quisieran» en ella, dice.

«Quizá a largo plazo, más gente la alquile indefinidamente», lo que no es una opción inmediata en su caso, ya que va a intentar ceñirse a la ley e intentar alquilarla por el momento por periodos superiores a 30 días.

«Todo el mundo está esperando para ver qué va a ocurrir a partir de ahora porque nadie puede creer que esto sea un cambio permanente», dice, mientras su organización trata de que se haga una excepción con los pequeños propietarios de pisos turísticos.

En una ciudad que en 2019 -antes de la pandemia- recibió a 66,6 millones de visitantes que gastaron 47.400 millones de dólares y generó 283.000 empleos, según datos del Office of the State Comptroller, la nueva ley puede contribuir a aumentar el precio de los hoteles y a ahuyentar a la gente con menos medios.

«Hay mucha gente joven que visita Nueva York que no puede permitirse quedarse en un hotel ni comer en un restaurante... y no lo van a poder hacer si no puedes pagar 400 dólares la noche», dice Joe McCambley, de 66 años, antiguo usuario de Airbnb, que considera que la ciudad está cometiendo «un gran error y pegándose un tiro en el pie».

«Están eliminando la competencia. Alguien está pagando a los políticos para hacerlo», dice su hijo Luke McCambley, de 33 años, que durante la pandemia de covid alquiló su propio apartamento para complementar ingresos.

Según un informe elaborado por el profesor de la Universidad de Boston Michael Salinger, para Airbnb, la nueva normativa no se «justifica económicamente» ni resolverá uno de los problemas que pretende corregir: el de la escasez de vivienda de largo plazo en la ciudad.

Salinger considera que esta normativa es «un duro golpe» para la economía turística de la ciudad y para miles de neoyorquinos y pequeñas empresas de los barrios periféricos que dependen del uso compartido de la vivienda y del dinero del turismo para llegar a fin de mes. Los ingresos medios de este tipo de alquiler se elevaron a 5.000 dólares en 2021, según su informe.

Aunque más restrictiva, Nueva York sigue a ciudades como San Francisco, que limita estos alquileres a un máximo de 90 días por año, en la regulación de este sector que ha cambiado la fisonomía de los centros históricos de muchas ciudades turísticas en los últimos años.

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