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Clara Alfonso
Valencia
Miércoles, 9 de agosto 2023, 00:13
En un escenario de constante evolución tecnológica y cambios legislativos, la forma en que realizamos pagos también está experimentando transformaciones significativas. Uno de los ámbitos donde estos cambios están impactando es el sector de la vivienda y el alquiler. En medio de estas transformaciones, la nueva Ley de Vivienda ha introducido modificaciones importantes, particularmente en relación con el pago en efectivo.
El artículo 10 de esta norma, promovida desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, bajo la dirección de Raquel Sánchez Jiménez, establece que el pago del alquiler por parte del inquilino deberá realizarse exclusivamente a través de medios electrónicos, como bizum o transferencia bancaria.
La única forma de evitar utilizar estos medios, es que una de las partes «carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago». En este sentido, para que se admita la posibilidad de pagar en metálico, la persona interesada que se ajuste a las circunstancias anteriores debe solicitarlo de forma expresa. Solo en estas situaciones, será legal que el pago de la renta del alquiler se efectúe en metálico y únicamente en la propia vivienda objeto del alquiler, según aparece explicado en la norma.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha cargado contra la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos alegando que «atenta de pleno contra la libertad de elección del consumidor, ya que obliga al pago de la renta a través de medios electrónicos», lo que deja desamparadas a más de 1,4 millones de personas, que se encuentran en riesgo de exclusión financiera.
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La OCU ha destacado en un comunicado, que la aprobada ley por el derecho a la vivienda obliga al pago de la renta a través de medios electrónicos y asegura que esta limitación, «contraviene la normativa de consumo, el Código Civil y el Tratado de la Unión Europea». Es por ello que solicitan que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, enmiende «a la mayor brevedad la prohibición instaurada».
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