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Los promotores de vivienda de la Comunitat condicionaron la construcción de las 10.000 viviendas prometidas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a ... la modificación de varios decretos aprobados por el anterior Consell y que determinaban las condiciones de las obras. Entre estas modificaciones, que ahora están en negociación, destaca otra solicitud por parte de las compañías privadas: que las VPO vuelvan a tener fecha de caducidad. O en otras palabras, que su calificación tenga un límite para poder liberalizarse y venderse a precio de mercado pasado un tiempo, tal y como sucedía antes de que el Botánico aprobara la nueva ley poco antes de las elecciones del pasado 28-M y que introducía la calificación de vivienda protegida de manera indefinida.
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Según explican fuentes del sector, que se han reunido con el Consell de Mazón, «la idea es que se ponga el límite en 30 o 35 años». Esta petición se suma a otras como ampliar el acceso a las VPO a rentas medias, algo que desde la oposición socialista del Ayuntamiento de Valencia no ven con buenos ojos. «Si ya hay pocas viviendas de VPO y encima incluyes a las rentas medias, menos opciones tendrán las rentas bajas, que son los más vulnerables», explican a este periódico desde el PSPV de Sandra Gómez, quien asegura que con las modificaciones solicitadas se abre la puerta a «facilitar la venta de vivienda pública a los promotores privados». En ese sentido, los socialistas consideran que «lo ideal» es destinar más VPO a alquiler asequible en lugar de a venta.
Por su parte, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no han confirmado a este periódico si se plantea reservar un porcentaje a alquiler y otro a compra ni si la calificación de VPO tendrá un nuevo límite de duración. Tras las reuniones con el sector promotor, la Generalitat ahora se centra en la redacción de una nueva ley que unifique los próximos cambios en materia de vivienda. Los empresarios también solicitan que se suba el precio del módulo, que ahora está en 2.200 euros.
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