Les Corts convalidó este miércoles el decreto-ley del Consell para la ampliación del parque público de vivienda mediante los derechos de tanteo y retracto, impulsado por el vicepresidente segundo y titular de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y que ha generado el rechazo de promotores, inmobiliarias, constructores y asesores fiscales, entre otros agentes, por la inseguridad jurídica que genera. De hecho, según denunciaba el sector esta semana en la Cámara valenciana ha provocado la paralización de operaciones de compraventa por su carácter intervencionista.
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La nueva norma, en vigor desde que fuera aprobada por el Consell a mediados de junio, salió adelante con el respaldo de los tres grupos del Botánico II (51 votos favorables y 47 en contra) a pesar de que el PSPV había mostrado discrepancias con algunos aspectos del texto y se mostraba partidario de tramitarlo como proyecto de ley para así introducir modificaciones. Sin embargo, llegado el momento de la votación, el bloque que integra el Consell mostró su respaldo al decreto de Dalmau. Tampoco salió adelante la propuesta para que se tramitara como proyecto de ley.
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Fue el síndic socialista, Manuel Mata, el encargado de fijar la posición de su grupo –la defensa de la validación estuvo a cargo de Unidas Podemos– y resaltó que es «un gran decreto» y un «gran avance» que parte de la Ley de función social de la vivienda de 2017. Eso sí, acto seguido añadió que se puede «hacer más vía decreto o vía lo que sea» porque lo ve «mejorable» en «pinceladas» del tanteo, pues «se podría excluir en viviendas cedidas a ONG o consellerias», garantizar que los inmuebles adquiridos por la Generalitat no arrastren deudas o que se incluyan solares, edificios en ruina o inacabados.
«Hay que mejorarlo sin ir contra las expectativas» de cada partido, sostuvo Mata, destacando la lealtad entre los tres socios aunque «todos tienen opinión». Y abrió la puerta a complementarlo con la ley de acompañamiento a los presupuestos.
Por su parte, en su intervención, Dalmau sólo aclaró que las herencias y donaciones ascendentes y descendentes quedan excluidas del ejercicio del decreto. Sobre el tanteo y retracto, remarcó que la intervención de la Generalitat será «la mínima e imprescindible», limitándose a las zonas donde hay necesidad.
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Fue el diputado popular Alfredo Castelló el encargado de defender la posición contraria al decreto de los grupos de la oposición. Así, el portavoz popular de Vivienda insistió en que es posible tramitarlo como proyecto de ley para introducir modificaciones sin «paralizar nada» y reiteró su inconstitucionalidad.
Lo definió como «una chapuza en forma y fondo, mal redactado y con vacíos legales» que demuestra «puro intervencionismo». Según Castelló, «Dalmau piensa que es Robin Hood pero es más bien Pepe Gotera. Es una mentira llena de agujeros». También recordó que la norma no exige como en Barcelona que las viviendas estén vacías para adquirirlas, por lo que se preguntó «si va contra los fondos buitre o contra las personas».
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Ciudadanos, en la misma línea, instó al Botánico a «volver al sentido común tras este decretazo mordaza y sectario», leer bien la Constitución y dejar de «politizar» la vivienda. «Ni es valiente ni va a ser histórico: sólo habla de cómo Podemos quiere gestionarlas», alertó la diputada Mamen Peris, que lamentó que sea un catedrático de Derecho Constitucional (Dalmau) quien haga historia con un decreto «inconstitucional». Mientras, Vox lo tachó de «panfleto comunista».
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