El retraso del nuevo decreto de VPO paraliza miles de viviendas en la Comunitat

Según explica el presidente de los promotores valencianos (Aprova), Antonio Olmedo, la parálisis afecta a miles de viviendas en la Comunitat. «No es cuestión de hacerla rentable, sino viable. Hay que pagar todo porque, si no, nadie va a animarse a construir VPO. Hay que recuperar lo invertido y, por otro lado, habrá que tener un beneficio mínimo», señala. Por ello, a poco de cumplirse los dos meses de espera desde el anuncio del presidente de la Generalitat, numerosos promotores han optado por postergar el inicio de las obras con la esperanza de poder llevarlas a cabo en mejores condiciones.

Es el caso de una compañía que tenía el 80% comercializado de una promoción de viviendas en Alaquàs. Tal y como explica la firma, han optado por paralizar el proceso de venta sobre plano debido a los elevados costes de construcción, con la idea de retomarlo en un momento más idóneo.

A día de hoy, el módulo de VPO está en 2.200 euros, lo que significa que es el precio máximo al que un promotor podría vender la vivienda. Sin embargo, el sector denuncia que este máximo es insuficiente y hace inviable las obras. «Debería estar en torno a 2.700 euros. También se tienen que ver los baremos de revisión de precios, los alquileres, el cálculo de las rentas a percibir…Todo eso se tiene que incorporar a los convenios de suelo con los municipios y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Estamos esperanzados de que ese reglamento salga, pero se está haciendo de rogar», agrega Olmedo.

Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de Vivienda de la UPV, advierte de la incertidumbre que genera la espera del nuevo decreto. «Se dijo en abril y ya estamos acbando mayo. Nos preocupa», indica el director, que añade que anunciar un cambio de normativa y no ejecutarla pronto «condiciona mucho» al sector. «Hace que se frenen las que están lanzadas», agrega. Según Cos-Gayón, el módulo de 2.200 euros se traduce en 1.700 euros de superficie construida. «Y los costes están en 1.300 euros. Con ese margen de 400 euros no salen los números», apunta. Precisamente, para abordar esta problemática, el sector organiza la semana que viene en Valencia el Congreso AIRE, donde habrá un debate que reunirá al Gobierno central, Consell y las promotoras valencianas.