Sánchez pretende desempolvar 9.000 viviendas sin utilizar del 'banco malo' en la Comunitat

Ahora, tras más de tres años de negociaciones para sacar la ley de vivienda y a menos de mes y medio para las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que desempolvará las 50.000 viviendas que gestiona la Sareb para destinarlas al alquiler social, de las cuales, casi 9.000 se sitúan en la Comunitat. En concreto, el conocido como ‘banco malo’ tiene en su cartera 8.897 viviendas repartidas por toda la región valenciana tras absorber en 2012 los activos tóxicos que se quedaron en manos de la banca por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Tal y como explican fuentes de la Conselleria de Vivienda, una parte de estas casi 9.000 casas y pisos lleva inactiva desde hace más de una década y, además, se desconoce el estado en el que se encuentran. En ese sentido, el vicepresidente segundo y conseller de esta cartera, Héctor Illueca, explica a LAS PROVINCIAS que los técnicos deberán analizar las viviendas que la Sareb ponga a disposición de la Generalitat para averiguar si están en condiciones de ser habitadas, si están ocupadas o si se adecúan a las necesidades de la demanda, tanto por su ubicación como por sus características.

«Un chalet en una urbanización no es lo mismo que un piso en la capital», explica Illueca, quien recuerda que la Comunitat es una de las pioneras en este programa de alquiler social con activos de la Sareb, que arrancó este año con la venta de 500 inmuebles a la Generalitat. «A nosotros la Sareb nos ofreció 1.800 viviendas, de las cuales, se seleccionaron 583 que tenían condiciones óptimas. Ahora tenemos en fase de inspección, verificación y tasación un total de 335, que se engloban en un primer paquete y que esperamos poder sacar en las próximas semanas», cuenta el vicepresidente. Ahora, con la iniciativa anunciada por Pedro Sánchez este domingo en Valencia, la Generalitat espera seguir sumando inmuebles a su parque público de vivienda.

Además de los casi 9.000 pisos y casas, la Sareb dispone en la Comunitat de 3.403 viviendas en construcción y 6.388 suelos que la Generalitat también podrá disponer para nuevas promociones. «No sólo hay viviendas en condiciones óptimas, hay otras que necesitan ser rehabilitadas e, incluso, habrá otras que directamente no se puedan aprovechar. También hay suelo que puede interesar a la Generalitat para promoción pública», afirma Illueca, quien incide en que el Consell ha empezado «por la parte más fácil» al optar por los inmuebles con las condiciones más óptimas para poder lanzarlos cuanto antes al mercado del alquiler social.

Sin embargo, el protocolo técnico que requiere la cesión o la venta de estas viviendas –todavía está por definir la fórmula– conllevará meses y, por tanto, queda la incógnita de qué sucederá con esta iniciativa tras las elecciones del 28 de mayo. «De esas 9.000, hay una parte que sí se encuentra en condiciones para ser negociada y transmitida al parque público de la Generalitat, mientras que otras precisan rehabilitación, lo que posteriormente puede servir para crear empleo y asegurar la eficiencia energética. Una tercera parte de estos inmuebles, que habría que cuantificar, seguramente no podrá aprovecharse», agrega.

En ese sentido, Illueca vincula el éxito de este programa a los resultados de las elecciones. «Yo confío en poder seguir desplegando las políticas públicas que han empezado con este parque público de vivienda. Espero que la sociedad valenciana nos acompañe. La única política del PP es la de vender mal el patrimonio público, como ya ha sucedido con fondos buitre», afirma en tono electoralista.

Eso sí, tal y como recuerda, una vez se apruebe la ley de vivienda, la pelota estará en el tejado de las comunidades autónomas. «Yo puedo asegurar que al día siguiente de la entrada en vigor de la norma, el Consell iniciará el procedimiento para declarar las zonas tensionadas, regular precios alquileres y activar todos los mecanismos de la nueva ley para conseguir equilibrar la balanza», asegura el conseller.

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este lunes que los acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos para poner a disposición de personas vulnerables alquileres asequibles de viviendas de la Sareb no estarán condicionados a que pertenezcan a «zonas tensionadas» de precios.

Calviño, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, resaltó que los acuerdos con la Sareb se están concentrando sobre todo en la Comunitat, Cataluña y Andalucía. En ese contexto, subrayó que desde el pasado mes de enero se han puesto en marcha acciones desde el Gobierno para aprovechar las viviendas del banco malo e irlas preparando para su posible uso como alquiler social, así como para movilizar los suelos disponibles, no sólo para vivienda social, también para otros usos sociales, como hospitales y aparcamientos.