La solución al problema de la vivienda en Valencia: construir pisos sociales con dinero público

«Una propuesta que hacemos desde el sector es que si, por ejemplo, construimos 100 viviendas de VPO, entreguemos 20 al Consell para que las gestione directamente como vivienda social y nosotros encargarnos de la VPO, con precio de VPO», explicó Llácer, quien añadió que, para eso, el Consell debería sufragar los gastos de la vivienda social para que sea accesible para el colectivo más vulnerable. «No es nuestra labor hacer vivienda social, eso debe hacerlo la Administración», agregó.

Sin embargo, el promotor reconoció que el sector es necesario para que esas viviendas salgan adelante. «De hecho, para las 10.000 viviendas que quiere hacer Mazón, tenemos que estar nosotros detrás. Se pueden construir, vemos que hay bolsa de suelo para 10.000 viviendas en lugares donde la gente quiere vivir», indicó Llácer. «Nosotros hemos propuesto que nos hagan concursar y que el promotor que gane el concurso ofrezca al ayuntamiento que una parte de las viviendas se la queden para pisos sociales y el resto VPO que podamos vender a 200.000 euros«, concretó. »Adoptemos los suelos que hay urbanizados, muchos aún están en manos de ayuntamientos«, señaló.

Del mismo modo, Cos-Gayón hace especial hincapié en que el Estado subvencione la adquisición de viviendas sociales, puesto que los grupos más vulnerables tampoco pueden acceder a una VPO, cuyo precio actual de módulo está en 2.200 euros (cerca de 2.000 euros el metro cuadrado). «La situación es crítica. Una alumna del máster, que viene de Colombia, no da crédito a lo que está viendo aquí. Ella misma cuenta que tiene que compartir piso con otras doce personas más», señala el director de la Cátedra.

Además de construir vivienda social con dinero público, los ponentes coincidieron en la necesidad de urbanizar suelo, agilizar las licencias de construcción y repensar el concepto de lo que es una vivienda digna. Este último punto generó un debate sobre si las VPO deberían rebajar sus estándares para hacerlas más baratas. Para Vicente Terol, del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Valencia, los inmuebles tanto de VPO como sociales «no pueden tener unas prestaciones inferiores a las del mercado libre».

Por su parte, tanto Llácer como Juan Manuel Real, de la Federación de Empresas Constructoras, y Málek Murad, del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, destacaron que los elevados estándares del código de edificación para las VPO conllevan una construcción más cara. «Hay que plantearse qué es una vivienda digna. Una VPO puede ser muy digna sin necesidad de aerotermia», señalaron.

Real también hizo hincapié en la parte fiscal del mercado inmobiliario. «La economía verde trae un sobrecoste. Cada vez hay más impuestos por emisiones CO2 que a los fabricantes les eleva la factura y lo trasladan a los materiales», explicó. «Los costes no van a bajar. Este último año ha habido cierta contención en ladrillos, pero en morteros y productos químicos están subiendo, así como en la tabiquería seca. Todo esto es por los impuestos», añadió Real, que también abrió el melón del papel que tienen los bancos. «Hago un llamamiento a las entidades financieras para que ofrezcan condiciones de financiación más favorables para la adquisición de viviendas energéticamente eficientes, ya que son las que se están construyendo en base a esa economía verde», puntualizó.