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El nuevo Decreto de Vivienda Protegida de la Comunitat Valenciana, que ha salido esta segunda semana de septiembre a exposición pública, recoge como novedad un módulo de precios basado en un sistema pionero en España para fijar el precio máximo de este tipo de inmuebles, pero también una nueva modalidad de vivienda destinada a personas jóvenes.
Desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV han colaborado activamente junto al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernadez, y el nuevo director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, aportando su visión basada en los informes recientes sobre la oferta y la demanda del sector en la región. El Observatorio ha promovido la creación del régimen especial de vivienda pública joven, una nueva modalidad recogida en el decreto, que incentiva viviendas con una superficie útil máxima de 60 m² y destinadas a personas jóvenes menores de 35 años y a familias monoparentales.
El texto del proyecto normativo, que puedes leer íntegro aquí y se puede consultar en la página web de la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en el apartado «Normativa en tramitación» y en el Portal de Participación de la Generalitat, establece que las viviendas de protección pública se clasifican en dos grandes grupos:
a) Las viviendas de protección pública de régimen general, con una superficie útil máxima de 90 m². No obstante, como máximo el 4% de las viviendas de un mismo edificio podrán tener una superficie superior a 90 m2 útiles, hasta el límite de 120 m2 útiles.
b) Las viviendas de protección pública de régimen especial de vivienda joven. Estas viviendas tendrán una superficie útil máxima de 60 m² y estarán destinadas a personas jóvenes menores de 35 años y a familias monoparentales.
La vivienda joven es «una apuesta clara del Consell por facilitar el acceso a la primera vivienda de las personas jóvenes a precios más asequibles, tratando de que con ello superen la barrera que el acceso a la vivienda representa hoy para su plena emancipación y para el desarrollo de su proyecto de vida personal, familiar y laboral», se defiende en el proyecto de ley.
Las viviendas de protección pública de régimen especial de vivienda joven estarán sujetas aun periodo máximo de protección de 15 años y para acceder al uso de una vivienda de protección pública será necesario que los ingresos de la persona, unidad familiar o de convivencia, no supere los siguientes límites con los ajustes y excepciones previstos en el presente decreto:
a) Para viviendas de protección pública de régimen general: 6,5 veces IPREM.
b) Para las viviendas de protección pública de régimen especial de vivienda joven: 5'5 veces IPREM.
Estos límites máximos de ingresos se incrementarán de forma acumulada atendiendo a la situación específica de cada unidad familiar o de convivencia.
Además, el arrendamiento con opción de compra será de aplicación tanto para las viviendas de régimen general como para las de régimen especial de vivienda joven.
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En cuanto al módulo de precios que fija el precio máximo de la vivienda, se trata de un módulo dinámico que se basará en los informes anuales de la Cátedra Observatorio de Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). La norma establece un precio fijo de 2.400€/m2 y se actualizará en base a dos parámetros: el precio de construcción y el precio de la vivienda libre en la zona.
Cuando los datos de la Cátedra Observatorio de Vivienda detecten que el coste de la vivienda libre se sitúa un 20% por encima de ese precio fijo de 2.400 €/m2, se activará la fórmula dinámica de cálculo, estableciendo un módulo ajustado de vivienda protegida (MAVP). «Esto implica que, por ejemplo en la ciudad Valencia, que es una zona muy tensionada, en vez de 2.400€/m2, el módulo establezca un precio superior acorde al estudio», aclara Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de Vivienda.
Esta fórmula de cálculo se aplicará a las zonas donde más se incrementen los precios: se establecerá un «valor ajustado» como resultado de aplicar un coeficiente igual al 1,05 sobre el precio estándar establecido como base.
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Juan Antonio Marrahí
El sistema se aplicará a «todas las viviendas de protección pública con independencia de su clasificación o titularidad» en aquellos municipios que el decreto recoge como más expuestos a la subida de costes de vivienda.
Se trata de Benicàssim y Peñíscola en la provincia de Castellón; Albalat dels Sorells, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfara del Patriarca, Gandía, Godella, Manises, Massamagrell, Mislata, Paiporta, Paterna, Pobla de Farnals, El Puig de Santa María, Quart de Poblet, Rocafort, Sagunto, Sedaví, Tavernes Blanques, Torrent y la ciudad de Valencia en la provincia de Valencia y en la provincia de Alicante se aplicará el módulo ajustado (MAVP) en Alicante ciudad, Altea, Benidorm, Campello, Denia, Elche, Elda, Jávea, La Nucia, Mutxamel, Orihuela, Petrer, San Juan, San Vicente del Raspeig y Torrevieja.
Este nuevo decreto de vivienda persigue impulsar medidas de fomento de la promoción, construcción y puesta en el mercado de viviendas de protección pública a un precio asequible, así como establecer seguridad jurídica ante el colapso del parque público de vivienda de la Generalitat.
La normativa la presentaron la semana pasada Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. En el acto participaron también como expertos Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra, y Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Mazón puso en valor el trabajo realizado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda con el nuevo sistema para la fijación de precios máximos, ya que se trata de un «módulo dinámico pionero en España que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana».
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