Las viviendas en terrenos de Defensa que anunció Sánchez, cuatro meses en el olvido

Sin embargo, fuentes del Ejército de Tierra consultadas por LAS PROVINCIAS confirman que «no hay ningún avance» y que no se les ha informado de ninguna novedad ni movimiento al respecto. «Quizás ahora en septiembre se pueda saber algo, pero por lo pronto no hay nada» indican. Por su parte, desde el ministerio no se han pronunciado pese a las reiteradas consultas de este periódico.

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En concreto, el Consejo de Ministros llegó a aprobar el pasado 9 de mayo el traspaso de suelos en desuso de la cartera de Defensa para potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda a un precio asequible y dio luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (Sepes), hasta 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar. Según las estimaciones del ministerio, sobre estas zonas se podrían construir 20.000 viviendas en toda España. En concreto, en la Comunitat Valenciana se prevén 112 inmuebles, 100 de ellos ubicados en Alcoi y 12 en Alicante.

En ese sentido, la región valenciana es donde menos terrenos tiene Defensa en desuso que se puedan destinar a la construcción de vivienda de planta nueva. En concreto, es la segunda autonomía con menos espacio para estas obras, por detrás de La Rioja, donde sólo se prevé la construcción de 16 inmuebles. Por contra, la Comunidad de Madrid es donde más terrenos disponibles hay para este objetivo, con una estimación de más de 10.000.

Ahora, con el Gobierno en funciones, esta tarea se antoja complicada de llevar a término. No obstante, Sepes tiene en marcha desde hace meses 15 actuaciones residenciales firmadas que permitirán el desarrollo de 15.957 viviendas sobre suelo público en España, entre ellas destacan las 1.038 viviendas que se ubicarán en los terrenos de los cuarteles de Ingenieros y de Artillería de Valencia.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), que, según el ministerio, permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de «protección pública» y así «contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio». Tras la adquisición por parte de Sepes, la entidad debía preparar los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.

Estas medidas se anunciaron poco después de la compra por parte del Gobierno de 50.000 viviendas de la Sareb, que en el caso de la Comunitat, hay un total de 9.000 inmuebles. Todas estas iniciativas, anunciadas y aprobadas a las puertas de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, responden a la fuerte crisis de emergencia habitacional que sufren las principales ciudades en España, con un incremento imparable de los precios. En el caso del mercado inmobiliario valenciano, en el segundo trimestre del año el precio de la vivienda aumentó más de la mitad, superando los 1.000 euros el metro cuadrado en comparación con el mismo trimestre de hace tres años, según un informe de la Cátedra de la Vivienda de la Universitat Politécnica. Del mismo modo, el alquiler alcanza unas cifras difíciles de creer, con hasta 600 euros por una habitación en Valencia ciudad.