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Cuatro años como mínimo. Ese es el periodo que calcula el Ministerio de Transportes, del que depende la Dirección General de Vivienda, para el traspaso de los terrenos del Ministerio de Defensa y la posterior construcción de las 20.000 viviendas asequibles (100 en Alcoi ... y 12 en Alicante) anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril.
Tal y como explica la cartera de Raquel Sánchez a LAS PROVINCIAS, este proyecto se encuentra, ahora mismo, en la fase de «intercambio de información con el Ministerio de Defensa para precisar la situación urbanística de cada una de las 50 actuaciones que se contemplan». Según explican desde el ministerio, este paso es «imprescindible» y permitirá identificar «cuanto antes los instrumentos jurídicos necesarios» que propiciarán el desarrollo concreto de cada actuación.
El punto en el que se encuentra esta iniciativa, aprobada a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales ante la alarma social generada por los precios de la vivienda, choca de pleno con la urgencia con la que se anunció. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró el pasado mes de mayo que la transmisión de propiedades sería «lo antes posible». Sin embargo, no sólo no se ha producido ese traspaso, sino que se acaba de iniciar el intercambio de información.
A la hora de estimar una fecha, el mismo ministerio asegura que «se trata de un ambicioso plan» que «necesita, al menos, de una legislatura para ser desarrollado». Por tanto, en su respuesta a este periódico, afirma que el proyecto está condicionado a que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. «Lo que puede afirmarse sin género de duda es que el actual gobierno de la nación está comprometido al máximo con este plan que ha ideado y puesto en marcha y que sigue y seguirá adelante si el actual Ejecutivo continúa a su frente», indican desde Transportes, que hacen hincapié en esta última cuestión. «Evidentemente, no puede asegurarse su continuidad si las responsabilidades de gobierno recaen en otras fuerzas políticas que no creen en la implicación directa de las administraciones públicas en la promoción de vivienda asequible, así como en el reaprovechamiento de suelo en desuso», sentencian.
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Entre los argumentos esgrimidos por parte de la cartera de Sánchez para defender la lentitud de este proceso que se anunció como prioritario destacan la complejidad y la coordinación. «Por su complejidad, por la necesidad de implementar un buen número de trámites administrativos y porque requiere de la implicación de otras administraciones, autonómicas y locales, cuyo concurso se precisa para que se hacerlo efectivo», afirman.
No obstante, Transportes asegura que «no se ha parado en ningún momento» en el avance de este proyecto, que tendrá un coste aproximado de 622,2 millones de euros sólo para la adquisición de los terrenos en desuso. «Así, ya se han comenzado los trabajos acordados por el Gobierno para que la financiación aportada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública siga todo el cauce legal y financiero correspondiente y se ponga a disposición de la Entidad Estatal del Suelo (SEPES), de cara a efectuar la compra de las parcelas», explican las mismas fuentes ministeriales. Cabe recordar que estas actuaciones se anunciaron poco después de la compra por parte del Gobierno de 20.000 viviendas de la Sareb (9.000 en la Comunitat) como respuesta a la fuerte crisis de emergencia habitacional, fruto de la imparable de los precios.
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