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Relevo por sorpresa, que no inesperado, al frente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), ya que el Consell llevaba a su pleno de los ... viernes el cese del presidente de la APV, Aurelio Martínez, y su sustitución por el socialista Joan Calabuig, que hasta ahora ocupaba la secretaría autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas. El puzzle del baile de cargos se completa con el nombre de Carolina Punset, que asume esa misma secretaría autonómica y deja el cargo de comisionada para Asuntos Europeos.
Un movimiento de Presidencia de la Generalitat –es quien tiene la potestad de proponer los nombramientos en las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Alicante pese a ser un organismo estatal– que se ha presentado como un «relevo natural», en palabras de Ximo Puig, ya que lo había solicitado en varias ocasiones el propio Martínez, que cierra así su etapa de vida pública.
De hecho, su discurso el pasado diciembre durante la copa de Navidad con la comunidad portuaria sonó a un anticipo de despedida y en más de una rueda de prensa posterior al consejo de administración de la APV también había dejado caer su voluntad de cerrar una etapa que comenzó en 2015 de la mano de Puig para sustituir a Rafael Aznar y tras su paso por la Fundación del Valencia CF.
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Sin embargo, el relevo se produce a 72 horas de la convocatoria del periodo electoral (se hará este lunes) y en un momento de tensión con Compromís y Podemos –socios de gobierno en el Botánico– debido a las posiciones enfrentadas desde hace años en el proyecto de la terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto, que Martínez reactivó en su mandato y que le ha valido numerosos choques con los socios dell Botánico. Estas obras están pendientes de aprobación por parte del Consejo de Ministros debido a la negativa de Podemos a dar luz verde a la licitación.
A ello se suman otros proyectos como la ZAL de la Punta o la gestión del espacio de la Marina una vez ha entrado en disolución el Consorcio Valencia 2007, lo que ha tensionado las relaciones con el Ayuntamiento, que es su principal interlocutor en las relaciones con la ciudad. Hasta tal punto que la figura de Martínez se ha convertido en incómoda para el PSPV, especialmente a las puertas de unas elecciones en las que Compromís hará bandera de su rechazo al crecimiento del puerto vía ampliación norte.
De ahí también la apuesta por un perfil más político como el de Calabuig frente al económico de Martínez, cualidad que la Generalitat destacó al valorar su figura y reconocer su «gran trabajo» al dejar «cifras extraordinarias» en el puerto.
La decisión de Puig de destituir a Aurelio Martínez, coincide, además, con la semana de su paso por la Ciudad de la Justicia para declarar como imputado (al igual que el expresidente Amadeo Salvo) en el juicio por la venta del Valencia CF a Peter Lim, actual propietario del club. En este sentido, el presidente de la Generalitat insistía ayer en que el cese «nada tiene que ver» con esta declaración judicial.
«No es exactamente una destitución, es un relevo que obedece a que esta semana cumple 76 años y a que me había hecho llegar en diferentes ocasiones su voluntad de dejar el cargo», insistía Puig. Algo que el hasta ahora presidente de la APV reflejaba en la carta remitida al presidente de la Generalitat –y que se hizo pública–, en la que solicita culminar su carrera profesional antes del 7 de abril, fecha de su 76 aniversario, y en la que agradece el apoyo durante su mandato, al igual que a la comunidad portuaria.
Las claves de la destitución se dejaron entrever tanto en las intervenciones del jefe del Consell como de la vicepresidenta, Aitana Mas, que lo justificaba en la «necesidad» de mejorar las relaciones entre el Puerto y el Ayuntamiento de Valencia y resaltaba que era «público y notorio» la existencia de «discrepancias importantes, sobretodo por la parte medioambiental» entre ambas instituciones.
En palabras de Puig, «somos una comunidad abierta al mundo y queremos reafirmarlo y que el Puerto tenga muy buena relación con la ciudad y su entorno». A lo que añadió la necesidad de «relanzar» el puerto y potenciar las exportaciones, algo que tendrá que manejar ahora Calabuig, que asume la gestión de la finalización de la ampliación norte, el proyecto de la era Martínez que ha quedado pendiente y que se encuentra judicializado, pues la condición de quién es el órgano sustantivo para decidir sobre la vigencia de la DIA está suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A ello se suma la ofensiva de colectivos como la Comissió Ciutat-Port.
Ese diálogo también era apuntado por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que destacó que su relación con Calabuig «siempre ha sido excelente», por lo que se mostró «seguro» de que en su nueva etapa al frente del recinto portuario «será muy positiva» también. De Martínez comentó que la relación «ha sido cordial» aunque «en algunas cosas no hemos estado de acuerdo». Tanto él como la vicealcaldesa Sandra Gómez destacaron del nuevo presidente de la APV su conocimiento sobre las necesidades de la ciudad.
Y tampoco parece casual el momento elegido para la destitución pues se escenifica, además, con el relevo obligado en la presidencia del Puerto de Castellón, donde Rafa Simó deja el cargo a Enrique Vidal, director adjunto de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), para pasar a liderar la lista de los socialistas por Castellón.
Ambos ceses pasarán ahora por Puertos del Estado que, a su vez, los remitirá al Ministerio de Transportes para ser ratificados por la ministra Raquel Sánchez. Serán oficiales una vez se publiquen en el BOE. Este proceso, por la coincidencia de la festividad de la Semana Santa y Pascua, podría prolongarse unas semanas.
La Asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia valoró la «excelente» labor del hasta ahora presidente, Aurelio Martínez, y expresó su confianza en que su sustituto, Joan Calabuig, «haga suyos proyectos pendientes», entre ellos la terminal norte o la ZAL. Su presidente, Alfredo Soler, destacó su «contribución eficaz» a la cohesión de la comunidad logístico-portuaria y las «importantes actuaciones en materia de interacción puerto-ciudad», un aspecto que también destaco el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, que lamentó que la decisión se haya tomado en clave electoral.
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