La Fiscalía investiga el acceso de funcionarios, algunos de ellos valencianos, a datos del expediente de Rocío Carrasco

La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación para aclarar el supuesto acceso a una base de datos para la consulta del expediente relacionado con Rocío Carrasco. Estas consultas, ajenas supuestamente a la labor del funcionario, se detectaron tras la emisión de los primeros capítulos del documental televisivo.

La información, que ha adelantado este viernes El País, se conoce justo después de que la hija de la cantante Rocío Jurado asegurara en Telecinco, durante una entrevista, que piensa reabrir el caso de violencia de género contra el que fue su marido, Antonio David Flores.

Los funcionarios, según publica el medio de comunicación, accedieron de forma indebida al sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista, conocido como Viogén (que es de acceso controlado). El grueso de las entradas, prosigue, se ha hecho en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios.

Cada funcionario que entra a él lo hace registrando una clave de acceso. Además, al tratarse de información confidencial, no todos los funcionarios pueden utilizarlo. Sólo tienen autorización para echar un vistazo a los documentos e informaciones que allí se recogen determinados profesionales: policías, jueces, personal de Servicios Sociales… Y todos y cada uno de los que navegan en él quedan registrados en el sistema.

Interior detectó los accesos indebidos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió la primera parte del documental. El día 26, al descubrir que los funcionarios, aparentemente, no estaban relacionados con el caso de Rocío Carrasco, la secretaría de Estado de Seguridad decidió bloquearles el acceso a todo el sistema, según El País.

El ministerio público dispone ahora de seis meses para completar las pesquisas y enviar el asunto al juzgado si considera que existen indicios de delitos. Las diligencias las tramita la sección especializada en delitos informáticos. Justicia ha abierto expediente a nueve personas.