Los municipios que protejan huerta podrán construir menos jardines

El proyecto de Ley de la Huerta de Valencia, publicado el pasado 27 de julio y en tramitación en Les Corts, incluye una disposición adicional muy importante para los 42 Ayuntamientos que forman Valencia y su área metropolitana. En síntesis, si promueven el uso público de los campos de cultivo podrán contabilizarlo en sus planes urbanísticos y restar la superficie de la construcción de grandes jardines.

Así aparece en la disposición adicional primera, donde se indica que «el 35% del estándar de parque público de la red primaria se podrá cumplir justificando la existencia de diez metros cuadrados de huerta protegida por cada metro cuadrado de parque dejado de prever en el planeamiento».

El añadido es sustancial porque ofrece un amplio margen a la gestión urbanística de los municipios, donde el principal beneficiado es Valencia. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, presentó el pasado año los criterios generales de la revisión del Plan General, que protegen toda la huerta que rodea la ciudad y elimina infraestructuras previstas. En los últimos años del anterior gobierno municipal, la posición inicial de reclasificar 700 hectáreas había retrocedido hasta un último documento donde se indicaba que la protección seguiría hasta agotarse el suelo urbano. Ahora se quiere plasmar en el Plan General que eso no ocurrirá de ningún modo, con un blindaje total.

La Ley de Protección de la Huerta se refiere a otra normativa, la Ley de Ordenación del Territorio, que en su artículo 24.1 indica que la red primaria es el «conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal». Entre ellos se encuentran los parques públicos, con una extensión mínima de cinco metros cuadrados por habitante, con relación al total de población prevista en el sector.

Cada zona de desarrollo de Valencia cuenta con un gran parque. Orriols, Cortes Valencianas y Malilla son ejemplos. Con la aprobación de la Ley de la Huerta, esto podría cambiar si se compensa con el mantenimiento de los campos. La disposición adicional habla también de que «la aplicación de este precepto exigirá la realización de un programa de uso público sostenible en los espacios de huerta, el cual deberá ser informado de forma preceptiva por la conselleria», además de ser «compatible con la actividad agraria, con un informe favorable del Ente Gestor de la Huerta».

El documento señala también la financiación para el mantenimiento de la huerta: «El presupuesto de este programa deberá ser equivalente al coste de ejecución del parque público que, como resultado de esta medida, deje de realizarse, descontando, en su caso, el coste de la adquisición del suelo».

La normativa que aprobará Les Corts, una vez reciba las alegaciones, prevé permitir zonas residenciales en La Punta y Benimàmet, ahora terrenos agrarios pero considerados suficientemente degradados para su reclasificación. Ambos sectores podrán beneficiarse de la disposición, con el mantenimiento de huerta cercana en lugar de la apertura de grandes parques urbanos.

La categoría de red primaria habla también de redes de transporte, equipamientos públicos y otros servicios de carácter general. En la revisión que se anunció en septiembre del pasado año en el cap i casal, desaparecen las zonas industriales previstas en la partida de Faitanar, al oeste de la pedanía de La Torre.

El capítulo tercero de la ley contempla la aprobación por el Consell de un plan de acción territorial, con un régimen jurídico que proteja estos campos aunque con una serie de actividades permitidas para garantizar su viabilidad económica junto a la agricultura.