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Ada Dasí
Catarroja
Lunes, 19 de diciembre 2022, 16:38
La oposición contra la supresión de nueve juzgados de violencia de género en la Comunitat sigue marcando la actualidad. Esta vez ha sido en Catarroja, donde el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) se ha manifestado a las puertas de los juzgados para paralizar el Real Decreto que obligará a las víctima a desplazarse hasta 40 kilómetros para interponer una denuncia.
La decana del Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja ha anunciado que el ICAV ha presentado un recurso contra el Real Decreto que establece la reorganización ante el Tribunal Supremo y que cuenta con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española. "La especialización es importante, pero la cercanía lo es más con estas víctimas que necesitan el apoyo de su entorno", ha matizado en referencia a los juzgados de Xàtiva y Catarroja que pierden las competencias en esta materia en favor de Alzira y Sueca.
Ambos casos "son sangrantes" ha comentado, poniendo como ejemplo que una víctima de Font de la Figuera "tendrá que desplazarse hasta 80 kilómetros". Borja también ha indicado otro supuesto: "si la denuncia se interpone un viernes, el sábado pasará la juzgado de guardia de Catarroja y el lunes tendrá que ratificarlo ante el de Sueca", ya que la denuncia se puede poner en comisaría pero hay que ratificarla en el juzgado.
"Estamos a favor de la especialización pero el reparto geográfico no tiene lógica. No se han tenido en cuenta los medios de transporte para las víctima", ha matizado. Además, ha advertido que el día 1 entra en funcionamiento el "decretazo", "y todavía no sabemos de que medios van a disponer". Una cuestión que también ha señalado el decano del Colegio de Abogados de Sueca, presente en la concentración en Catarroja.
En el manifiesto, a cargo de la abogada Josefina Carmona, se ha apuntado que es "una doble victimización para las denunciantes" y ha explicado que la jueza de Catarroja lleva 15 años al frente de la violencia de género, con una importante experiencia. "Ahora no nos garantizan esa especialización, solo la nomenclatura", ha indicado. "Se tenía que haber meditado más", ha añadido, matizando que "todavía se está a tiempo de suspender la aplicación del Real Decreto si hay voluntad política por parte de la Conselleria, hasta encontrar una solución justa".
A la concentración también han asistido representantes políticos de los pueblos afectados del PP, Compromís y Guanyar, aunque se ha echado en falta a los socialistas. El alcalde de Catarroja de Compromís, Jesús Monzó, ha sido muy crítico con la reorganización que obliga a desplazarse a las 100.000 personas que aglutina el partido judicial a Sueca por cuestiones de violencia de género. "La Policía Local realiza un seguimiento del 87% de los casos y acompaña a las víctimas al juzgado, por lo que no podremos seguir prestando este servicio al salir de nuestra jurisdicción", ha apuntado.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido en Les Corts Valencianes, a petición propia, el plan de reagrupación de juzgados especializados en violencia de género y ha querido responder a las críticas lanzadas por los abogados: "La única preocupación de los colegios profesionales cuando presentamos el plan era la confluencia de partidos donde coincidían dos colegios. Si están ahora tan preocupados, que creen un turno especializado para atender a estas víctimas".
Bravo se ha pronunciado en estos términos en la cámara valenciana durante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, donde ha expuesto el plan de reagrupación, elaborado por la Conselleria de Justicia en colaboración con la Sala de Gobierno del TSJCV y aprobado por acuerdo del CGPJ el 13 de junio, y ha respondido a las críticas de la oposición (PP y Vox) respecto a la falta de apoyos del plan.
En concreto, el diputado No Adscrito José Antonio Martínez ha preguntado a la consellera por qué, si el plan es tan bueno, los abogados están indignados y piden la reversión; y el diputado de Vox José María Llanos ha lamentado la reducción de juzgados y la falta de apoyos.
En esta línea, la diputada del PP Verónica Marcos ha criticado que "hay un recorte en toda regla" y ha acusado a Bravo de hacer un plan "a espaldas de todo el mundo". Por su parte, la diputada de Ciudadanos María del Carmen Peris ha recordado a Bravo que los abogados han anunciado que recurrirán el decreto y le ha preguntado con qué asociaciones de víctimas se ha reunido, puesto que ponen objeciones a la iniciativa.
"Fue presentado en 2021 y recibió el apoyo y el aval de la Sala de Gobierno del TSJCV y del CGPJ", ha respondido la consellera. Respecto a la falta de apoyo de los abogados ha recordado que en el momento en el que se les presentó el proyecto, "los colegios profesionales trasladaron que su única preocupación era la confluencia de aquéllos partidos judiciales donde coincidían dos colegios".
"No quiero que las víctimas acaben renunciando a la asistencia letrada tras horas de espera en cuarteles o comisarías, que es donde van a denunciar la mayoría de las ocasiones", ha apostillado. En este sentido, ha afirmado que con el plan actual pretenden corregir las disfunciones que han llevado en ocasiones a las víctimas a presentar denuncia sin estar asistidas por letrados.
Bravo ha insistido en los "beneficios" de la reagrupación y ha recordado que los juzgados mixtos no están especializados y que las víctimas de violencia que acuden a estos órganos a denunciar "son atendidas después de horas de espera por un juez que no cuenta con especialización ni exclusividad". "Quiero una jurisdicción como la de menores, donde jueces, fiscales y abogados lleven años centrados en violencia", ha reclamado.
Sobre las distancias entre los domicilios de las víctimas y los órganos judiciales, la consellera ha dado un dato: el 98% de las denuncias se presentan en sede policial o en comisaría y no en los juzgados porque no se dispone de un servicio de guardia para atender este tipo de denuncias.
Por este motivo, el plan contempla una coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las oficinas de los juzgados para, desde un primer momento, que la víctima esté acompañada por personal de las oficinas, para que obtenga el apoyo psicológico necesario y se le informe de los recursos.
En cualquier caso, sobre la distancia de las viviendas con juzgados, Bravo ha aseverado que no se superarán los 40 kilómetros de distancia, (el CGPJ fijaba 50 como máximo). "El plan reduce la distancia media, que se queda en 15,4 kilómetros, salvo con algunas excepciones que no estaban en nuestra propuesta inicial, como es lo que ha pasado con la agrupación del partido judicial de Xàtiva", ha dicho.
Así, como ejemplo, ha afirmado que la distancia media de cualquier población del partido judicial de Quart de Poblet a Valencia será de 13 kilómetros; la de las víctimas del partido de San Vicente el Raspeig a Alicante será de 9 kilómetros; o en Sueca, de 30, la máxima distancia. "Si examinan las distancias, no las superamos", ha insistido.
El plan consta de tres fases. La primera, este año, contempla la creación de cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer. Así, la Comunitat es la autonomía que más juzgados exclusivos creará de toda España en este ejercicio.
En la segunda fase, en 2023, se crearán tres nuevos juzgados exclusivos en Sagunt, Elda y Castellón; y se pedirá al Ministerio de Justicia la creación de cuatro juzgados de lo Penal especializados en violencia contra la mujer: dos para Valencia, otro para Alicante y otro para Castellón.
En 2024 se contempla la creación de cinco nuevos juzgados: en Vinaròs, Llíria, Requena, Alcoi y Xàtiva. Así, una vez concluido el proyecto, la Comunitat contará con 13 nuevos juzgados exclusivos de violencia "distribuidos con criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia", así como con órganos penales de enjuiciamiento. "Cuando acabe 2024, habremos casi duplicado la planta judicial en materia de violencia de género: de los 16 órganos judiciales que hay ahora, serán 29 los que proponemos", ha dicho.
No obstante, aquí no se recoge el juzgado de violencia familiar propuesto por la conselleria ante los representantes de la Mancomunitat de l'Horta Sud, recientemente. La diputada de Compromís, Mónica Álvaro, también se ha hecho eco de la intervención de Bravo, "estamos a favor de la especialización pero no se puede restar proximidad a las víctimas" y ha matizado que el juzgado de violencia familiar anunciado por la consellera en Catarroja "no está en los planes que nos han pasado".
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