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P. Alcaraz
Valencia
Sábado, 4 de mayo 2024, 01:06
«Tenemos miedo», explican los vecinos del barrio de la Magdalena de Massamagrell entre susurros. Es la única manera que tienen denunciar, de manera ... silenciosa y con medida discreción, las consecuencias que ha traído a su vida diaria la ocupación de ocho adosados en la calle del Ametller. Los residentes de esta barriada que linda por el norte con la vecina localidad de Rafelbunyol pusieron en conocimiento de las autoridades el asalto ilegal sufrido por estas viviendas del que ya se cumple su tercera semana. Desde entonces, la cascada de reacciones no se ha hecho esperar, el Ayuntamiento y los cuerpos policiales han movido ficha incrementando la presencia policial en la zona. Sin embargo, los okupas no han detenido sus operaciones a tenor del éxito de su primera conquista.
El bloque de bungalows adosados que acapara todas las conversaciones del barrio de la Magdalena es hijo de la burbuja inmobiliaria del 2008, momento en el que se pusieron sus primeros cimientos. Aprovechando la fiebre del ladrillo, rápidamente fueron adquiridos para uso residencial. Tanto el tiempo como los efectos de la vida de sus inquilinos hicieron mella en las edificaciones quedando el interior de los inmuebles totalmente destrozado. Así pues, según informa un paseante de la zona, «una empresa se prestó a reformarlos hasta que ha venido todo esto». El pinchazo de la burbuja de la construcción hizo que los apartamentos acabaran en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, organismo más conocido por su acrónimo Sareb. Puede que el lector lo identifique más como el 'banco malo' ya que fue el receptor de todos los activos tóxicos provenientes de otras entidades bancarias para sanear sus cuentas durante la crisis.
En las inmediaciones de la finca de adosados que acapara todas las conversaciones en el barrio aparecen aparcados coches de alta gama, unos vehículos que contrastan con el visible descuido de unas viviendas carcomidas por las pintadas y el abandono. Todo apunta a que algunos automóviles son propiedad de los propios okupas pues están situados encima de la acera que rodea una placeta desierta de la que también se han enseñoreado. En la jornada de ayer, había poca actividad en los bloques de la discordia en la Magdalena, únicamente se podía ver a un joven asomado que hacía las veces de vigía de esta guarida okupa del modo más disimulado posible.
Allí ya no reina más ley que la del silencio por temor a represalias puesto que en el barrio se conoce la identidad, el vehículo y el domicilio de todo el mundo. Por una lado, los vecinos alegan que la inseguridad «siempre está presente con este tipo de personas». Cabe recordar que, según se comenta, algunos de los okupas tendrían antecedentes penales y habrían pasado por la cárcel. Sin embargo, los residentes valoran que el Consistorio esté imponiendo medidas para incrementar la vigilancia policial en la zona. A su vez, también lamentan que la Policía «no pueda hacer nada», en referencia a cómo la ley estatal vigente facilita que los trámites para desalojar a estos inquilinos ilegales se demoren demasiado en el tiempo.
Las mismas fuentes apuntan a que la presencia de estos inquilinos ilegales parece haberse asumido con un poco más de normalidad cuando va a cumplirse ya la tercera semana desde el asalto. «Es un tema que requiere delicadeza pues entre los okupantes existen familias con menores a su cargo», dicen los vecinos. Aunque rápidamente matizan que los niveles de tensión y temor continúa en cotas altas sobre todo en aquellas viviendas más cercanas al bloque ocupado: «Allí se tiene mucho miedo».
Una semana después de que el allanamiento de los bloques se hiciera público, el vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deportes, Vicente Barrera, la alcaldesa de Massamagrell, Pilar Peris, la primera edil de Museros, Cristina Civera, diferentes representantes municipales, judiciales y policiales así como personal de la Conselleria de Justicia e Interior mantuvieron una reunión para analizar cómo afrontar el problema de la ocupación ilegal.
La comitiva se presentó en la zona cero donde Barrera anunció que el Consell iba a estudiar la puesta en marcha de una batería de medidas para «defender los derechos de los propietarios», dentro de sus competencias como Gobierno autonómico. En la misma línea se pronunció la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, quien manifestó que la Conselleria de Justicia e Interior iba a poner a las 36 Oficinas de Delitos a disposición de las familias frente a la ocupación ilegal.
La presencia policial se ha incrementado en la calle Ametller donde patrullan efectivos de diferentes cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Sin embargo, lejos de que se haya multiplicado su número de apariciones, estas no han sido para nada disuasorias pues no han sido suficientes para frenar las acometidas okupas. Los intentos de allanamiento se han desbocado en las últimas semanas en otros puntos de la barriada de la Magdalena como la plaza del Padre Laureano, situada a una calle de distancia del epicentro okupa.
Según ha podido averiguar este diario de la mano de los residentes, otro de los edificios que también tiene como titular a la Sareb ha sido víctima de otros intentos de asalto ilegal. Es por ello que el Ayuntamiento de Massamagrell ha optado por tapiar con tejas las ventanas de la construcción además de reforzar las soldaduras de las puertas del recinto.
Algunos vecinos especulan sobre una posible expansión de las ocupaciones a más fincas colindantes a los ochos bloques ocupados de manera ilegal. Sin embargo, este diario no ha podido confirmar estos hechos al no haber obtener una respuesta del Consistorio massamagrellés a las distintas consultas formuladas.
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