Un juez exime a vecinos de Tavernes Blanques de pagar 13.500 euros por el consumo de agua

Casi un centenar de vecinos del Barrio Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques no tendrán que pagar los 13.500 euros que reclama el Ayuntamiento por el consumo de agua potable municipal, tras el cierre del pozo que les suministraba en junio de 2019.

La lucha que ellos definen como "David contra Goliat" ha acabado en una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia, sin posibilidad de recurso, que condena al consistorio a costas (cerca de 3.000 euros). Los afectados, la mayoría personas mayores y jubiladas, respiran más tranquilos después de que el año pasado, en plenas fiestas navideñas, recibieran el susto por parte de la administración local de que debían abonar esta cantidad en global.

Las comunidades de propietarios se abastecían de agua de un pozo privado que no estaba conectadas a la red de aguas potables municipales. Por ello, en 2018, el Ayuntamiento dictó una resolución en la que ordenaba conectarse a la red pública, ante la negativa de los afectados, que interpusieron un recurso contencioso administrativo, resuelto a su favor el 20 de marzo de 2019, por caducidad del expediente.

No obstante, el consistorio insistió dictando una nueva resolución con el mismo objetivo y de nuevo las comunidades de propietarios acudieron al juzgado solicitando, a su vez, la paralización como medida cautelar. En esta situación, el Ayuntamiento alegó que asumía los gastos de la instalación y que la ejecución del acto impugnado no debía producir ningún perjuicio a los propietarios, de modo que fue desestimado.

Pero el fallo del recurso, en diciembre de 2019, anuló la segunda resolución de conexión a la red de aguas potables por "insuficiente motivación de la decisión adoptada". La sentencia fue confirmada por otra del 4 de marzo de 2022, de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El problema actual surge cuando la empresa encargada del suministro del agua municipal requirió al consistorio el pago de nueve facturas desde 2019 a 2021, con un valor de 13.500 euros y este lo notificó a los propietarios, ofreciendo un plan para que abonaran el coste y para "que puedan organizarse económicamente para hacer frente a las facturas que trimestralmente se van a seguir devengando". Esta resolución ha sido anulada por el recurso presentado por los afectados y donde se califica la actitud de la administración local de "mala fe", tras haber advertido de que "no supondría un coste añadido a los vecinos".

Además, desde el mes de julio en el que una de las sentencias obligaba al consistorio a restituir el pozo, ubicado en el patio de la escoleta municipal, tal y como estaba antes de la conexión a la red pública, los vecinos siguen esperando para valorar si las instalaciones y, sobre todo la bomba, está en condiciones, para prestar el suministro a esta zona, tras tres años parado, como ha hecho desde los años 50.

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