La CHJ sigue sin dar respuesta al riesgo de nuevas inundaciones en Beniparrell

Tampoco consiguieron la declaración de zona catastrófica y las promesas se quedaron en el olvido. A pesar de los esfuerzos del Consistorio, el peligro sigue presente. Nada más ocurrir la tragedia la administración local contrató la redacción de un informe que determinara las causas del desbordamiento del barranco de Picassent que provocó la tragedia y lo remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Desde el organismo, «nos dijeron que estaba muy bien pero que no tenían disponibilidad para acometer las actuaciones que solucionarían el problema«, como explica el alcalde del municipio, Voro Masaroca.

La cuantía de ampliar el cauce del barranco desde la vías del tren hasta aguas abajo de la Pista de Silla, que es lo que proponen los expertos en el documento, asciende a cerca de siete millones de euros que las arcas municipales difícilmente pueden asumir. Aún así, Masaroca advierte de que «no me voy a quedar de brazos cruzados», mientras los empresarios siguen temiendo que se repita el episodio.

El documento determina que las soluciones pasan por ampliar hacia abajo los marcos de hormigón del puente de la Pista de Silla (V-31) y modificar las motas del cauce del barranco que provocó la inundación, con una ampliación en el polígono industrial afectado.

Además, propone derribar y construir de nuevo el puente ubicado en la calle Vereda, eliminando los apoyos intermedios, que provocaron que se acumulara la vegetación, así como el refuerzo del puente del ferrocarril con dos marcos adicionales para que el agua pueda discurrir sin dificultades.

Lo cierto es que por su ubicación geográfica entre las barreras artificiales de las vías y de la V-31, el polígono Vereda Sur se encuentra en una zona de elevada peligrosidad por inundación y cada vez que llueve sufre inevitablemente las consecuencias. Pero, la DANA de noviembre de 2020 fue la peor que se vivió en esta zona y que recuerdan los empresarios, con trabajadores que quedaron aislados en las naves durante la noche y que tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

 

Los daños causados en las empresas fueron millonarias y tardaron varios meses en poder volver a la normalidad. Para las arcas municipales, conseguir instaurar la normalidad en la zona a su estado anterior a la crecida del barranco también tuvo su coste.

En aquel entonces, se desembolsaron cerca de 90.000 euros, entre la maquinaria que se empleó para quitar el barro, los contenedores que se pusieron a disposición de las empresas para retirar el material dañado y la mano de obra que se empleó en los trabajos.