Solo nueve de los 542 municipios de la Comunitat han aprobado la ordenanza abolicionista contra la prostitución

Solo nueve de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana han aprobado la ordenanza marco abolicionista contra la prostitución, ocho están tramitándola y otros 34 han comunicado su intención de hacerlo. Así lo ha comunicado hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una visita a Paterna, que ha sido uno de los primeros municipios en aplicarla en el mes de octubre.

En este sentido, Bravo ha lamentado que «pese a que estamos situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos porque estos 51 municipios sólo suponen poco el 9,4 % de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana». Como en Paterna, los municipios de Benetússer, Albal, Alaquàs y Quart de Poblet en la comarca de l'Horta ya la han aprobado, y también está vigente en Serra, Piles, Granja de la Costera y Nules.

Respecto a las causas para que el porcentaje sea tan bajo, la titular de Justicia ha argumentado que «no se tienen datos concretos» y ha matizado que «hay muchos ayuntamientos que han manifestado su voluntad». «Lo que ha podido pasar es que a las órdenes del día de los plenos se han incorporado otras materias y no se le ha dado la prioridad», ha añadido, pero «vamos a poder impulsar que se apruebe en muchos más».

En esta línea, ha asegurado que se reunirá con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para «seguir instando a los ayuntamientos a incorporar la ordenanza como una prioridad». También ha anunciado cursos de formación para que las policías locales puedan «atender» a estas mujeres «como lo que son, víctimas de violencia de género».

La consellera ha recordado que, además de las reformas de las leyes autonómicas de espectáculos y carreteras que ha propuesto, «pusimos a disposición de todos los ayuntamientos una ordenanza abolicionista» que «no aborda la prostitución como un problema de orden público, sino como un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y las reconoce como víctimas de violencia de género».

El modelo prohíbe la demanda de sexo pagado y sanciona esta práctica con multas de hasta 1.500 euros para el cliente. Además, proscribe también la publicidad que promueva el consumo de prostitución al tiempo que articula planes integrales para que las víctimas de la prostitución puedan reconstruir sus vidas.

No obstante, Bravo ha señalado que más allá del aspecto sancionador «queremos formar a nuestros policías locales y funcionarios para poder atender a las víctimas». Para ello, en el marco de la reunión celebrada en Paterna, ha advertido que «vamos a trabajar conjuntamente en la redacción de un plan asistencial para ayudar a las víctimas a poder recomponer sus vidas y para eso necesitamos contar con los ayuntamientos«. Paterna ya ha ofrecido su equipo de Servicios Sociales.

«Queremos un territorio libre de prostitución porque es una forma de violencia de género ya que no podemos aceptar una sociedad en la que el cuerpo de la mujer pueda comprarse sin olvidar que cuando hablamos de prostitución no hablamos de consentimiento», ha concluido Gabriela Bravo.

Por su parte, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha señalado que «no dudamos un momento en adaptar la ordenanza porque si queremos ser una ciudad progresista e igualitaria teníamos que contar con este marco normativo». También ha agradecido la coordinación de los ayuntamientos con la conselleria.

Sagredo ha advertido que la prostitución no es un problema en Paterna, a pesar de contar con seis polígonos industriales, que son focos propicios para estas actividades, «pero contamos con un sistema de videovigilancia y son muy activos», pero más allá de los resultados es que «los ciudadanos se sientan orgullosos de su ciudad».

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