El Tribunal de Cuentas nombra instructor para investigar la consulta popular sobre los bous en Xirivella

El Tribunal de Cuentas, en el procedimiento de acción pública incoado por la Asociación de Amigos del Toro y del Caballo acuerda nombrar delegado instructor para que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si existe responsabilidad contable del alcalde de Xirivella y los miembros de la corporación municipal que votaron a favor de la consulta ciudadana que impidió la celebración de los festejos taurinos, y que fue declarada ilegal por el TSJ de la Comunitat Valenciana el año pasado.

Tras esta sentencia, la entidad solicitó en varias ocasiones la devolución a las arcas públicas del dinero gastado que según sus cifras asciende a 8.915 euros que costó la encuesta, junto con los 2.400 de gastos jurídicos, que suman un total de 11.335 euros. Finalmente, decidió acudir al Tribunal de Cuentas para dirimir responsabilidades contables.

A pesar de que el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal han solicitado el archivo de la causa, el Tribunal argumenta que sólo procede "cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, es decir, patente, clara y descubierta, dado que, como se ha señalado, en la fase de diligencias preliminares no se lleva a cabo investigación alguna de los hechos denunciados sino que se trata, únicamente, de valorar si tal y como se han descrito pueden dar lugar o no al juicio contable".

Además, añade que el escrito de la asociación "se refiere a unos pagos que se dicen realizados con fondos públicos, cuestionándose en la denuncia su ajuste a la legalidad". "Se identifican, por tanto, de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos. Por otro lado, no cabe considerar que sea manifiesta, patente, clara y descubierta la inexistencia de responsabilidad contable a la vista de los hechos denunciados", añade.

También hace referencia a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia "consideró que fue ilegal la consulta a que se refiere la denuncia, juicio que, si bien no se realizó en la parte dispositiva de su sentencia, tampoco puede considerarse 'obiter dictum', ya que esa consideración fue determinante del sentido de la decisión del tribunal sobre el objeto del proceso".

Por ello, "procede, a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos" y "sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables, que (...) se nombre un delegado instructor para que éste lleve a la práctica las actuaciones prevenidas en el artículo 47 de la Ley antes referida, en relación con las irregularidades puestas de manifiesto, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que con todas las garantías se procederá a la investigación de los hechos", concluye.

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