Trump firma órdenes para dar marcha atrás a la reforma financiera de Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes dos órdenes ejecutivas para revisar la ley Dodd-Frank, aprobada en 2010 para reglamentar los mercados financieros tras la catastrófica crisis de 2008 e impulsada por su predecesor, Barack Obama. "Estamos firmando principios fundamentales para regular el sistema financiero de EE UU. Es difícil pensar en algo más importante, ¿verdad?", expresó el nuevo inquilino de la Casa Blanca antes de estampar su firma en el decreto.

Esta ley Dodd-Frank, que había sido promulgada durante la primera legislatura de Obama, está en el centro de la irritación de los legisladores del gobernante Republicano y del sector financiero porque siempre la han considerado como una camisa de fuerza desactualizada. "La ley ha sido un desastre no apenas por su impacto sino también porque no logró los objetivos que se propuso", ha comentado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Entre sus miles de normas, determinó que los bancos deberían someterse a pruebas anuales para comprobar su solidez en caso de crisis financiera, para evitar un caída estrepitosa como ocurrió con Lehman Brothers en septiembre de 2008. También prohibía bancos especular por cuenta propia. La llegada de Trump a la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Congreso son señales claras de que este arsenal legislativo tiene los días contados.

"Vamos a recortar mucho de la ley Dodd-Frank. Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dodd-Frank", aseveró un Trump que rubricó los decretos en el Despacho Oval después de su encuentro con destacados líderes empresariales como el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon; la consejera de General Motors, Mary Barra; y el consejero de General Electric, Jack Welch, entre otros.

Al comienzo de la reunión, el presidente estadounidense insistió en que hay "mucha gente", como amigos suyos, que tienen "buenos negocios y no pueden pedir dinero prestado debido a las normas y regulaciones de Dodd-Frank". La primera de las órdenes firmadas por Trump urge a una revisión integral de esta ley, algo defendido por parte de la industria financiera; mientras que la segunda analiza cómo revertir una norma que fija las condiciones de inversión de los planes de retiro de los trabajadores. Para llevar a cabo la revocación de la reforma financiera, no obstante, el presidente estadounidense necesita el respaldo del Congreso, algo para lo que buscará la ayuda de la mayoría republicana (su partido) en ambas cámaras.

¿Cómo es la ley Dodd-Frank?

La ley Dodd-Frank que Trump quiere desmantelar generó un arsenal de normas para evitar excesos del sector financiero de EE UU que desataron la crisis de 2008. Votada en julio de 2010 a impulsos del entonces presidente Obama, esa ley obliga a los gigantes bancarios a someterse anualmente a tests que miden su resistencia a crisis financieras. Es una forma de evitar quiebras catastróficas como la de Lehman Brothers en setiembre de 2008. Los grandes bancos tienen también que hacer un testamento que permita su ordenado desmantelamiento si quiebran y no pueden devolver dividendos a accionistas sin el permiso de la Reserva Federal (Fed).

Esta ley, un mamotreto de 2.300 páginas que es un dolor de cabeza para Wall Street, apunta especialmente a los bancos considerados "demasiado grandes como para quebrar". Se trata de entidades que si quiebran desatarían un sismo en el sistema financiero que requeriría hasta un rescate con fondos públicos. Tras varias demoras y a pesar del intenso cabildeo de Wall Street, se empezó a aplicar una norma clave, la llamada regla Volcker que prohíbe a los bancos especular por cuenta propia. Esa regla estaba en la mira de Trump.

La ley que debe su nombre a los legisladores demócratas Barney Frank y Chris Dodd tuvo varios retrasos y no ha sido aplicada totalmente. Ahora, la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus aliados congresistas son indicios del desmantelamiento legislativo. Incluso los republicanos ya le habían propinado esta semana un primer golpe a esa ley, derogando una norma que obligaba a las petroleras y mineras a divulgar la cantidad de dinero vertida en el exterior como forma de evitar acusaciones de corrupción.