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B. González
Dénia
Lunes, 30 de enero 2023, 12:54
“No nos esperábamos lo que está haciendo Conselleria. No han valorado bien las cosas y nos están perjudicando doblemente”. Así de rotundo se manifiestan desde el Sindicato de facultativos y profesionales de la Sanidad pública de la Comunitat Valenciana (SIMAP) de Dénia, sobre el proceso de reversión de la gestión del departamento de Marina Salud.
Según explica Miguel Burguera, portavoz del sindicato, la Conselleria “de forma inapropiada, se ha entrometido en el convenio que firmamos con la empresa en agosto del año pasado, tras ocho años prorrogado el firmado en 2014, señalando que hay cláusulas que le pueden perjudicar económicamente, cuando en términos globales este convenio le resulta muy beneficioso, se firmó hasta finales de 2023 y, además, no era parte negociadora”.
Recuerda que el incremento salarial pactado era de un 2% y que continuaba siendo muy por debajo de lo que cobran los profesionales estatutarios, puesto que las condiciones laborales “han permanecido inalterables desde la crisis, a pesar del fuerte incremento del coste de la vida desde 2014 hasta la actualidad, con un IPC del 17,4%”.
Otro de los aspectos es el de la retribución variable por objetivos. “El 50% de esos incentivos se convierten en fijos y ahí radica el problema. Por estos temas han impugnado todo el convenio y eso es un escándalo y más en la situación en la que estamos, en la que cada día más gente se va de aquí por las condiciones”, manifiestan.
“Ser profesional sanitario y trabajar en Marina Salud ha resultado siempre mucho menos atractivo que hacerlo directamente para la Conselleria de Sanidad. Los profesionales de esta comarca trabajan más horas al año y cobran menos sueldo que sus compañeros de Gandía o de Villajoyosa, a pesar de que los tres departamentos son públicos”, lamentan.
En estos momentos, el acuerdo alcanzado en agosto entre los trabajadores y Marina Salud, los legítimos negociadores, está bloqueado y judicializado, a la espera de que se produzca el señalamiento del juicio.
Un segundo agravio que señalan por parte de la Conselleria ha sido la publicación del baremo de méritos para el concurso extraordinario. El baremo modifica al existente hasta ahora y en la práctica resta toda posibilidad de obtener una plaza en condiciones de igualdad, al no valorar el tiempo trabajado en un departamento público de tipo concesión.
“Hay muchas sentencias que reconocen que la administración tiene que reconocer el tiempo trabajado en empresas concesionarias de Sanidad pública”, apunta Burguera y es por ello que se ha constituido una plataforma de profesionales afectados de los departamentos donde se ha dado la concesión de la gestión sanitaria para denunciar de manera colectiva en los tribunales lo que consideran un ataque a un derecho fundamental como es la igualdad en el acceso al trabajo, con la que esperan paralizar la Oferta de Empleo Público extraordinaria de Sanidad hasta que se modifique el baremo.
“A los pocos atractivos que tiene formar parte de la plantilla de Marina Salud, gestionada por una mercantil que aplica duras condiciones laborales, se suma ahora las dos recientes medidas de la Conselleria de Sanitat”, resume y advierte de la fuga de sanitarios que se están produciendo, “hartos de esperar una solución que cada vez ven más lejos, a un día de que la Conselleria comunique a Marina Salud que la concesión finalizará el 31 de enero de 2024”.
Desde el SIMAP hablan de “muy mal comienzo” el de la reversión ante estos hándicaps para la plantilla, “cada vez más escasa y desmoralizada” y aseguran que a la población de la Marina Alta le esperan unos durísimos años hasta que la situación sanitaria se normalice.
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