Nicolás Van Looy
Benidorm
Lunes, 4 de julio 2022, 11:59
El próximo año 2023 se cumplirán 20 años desde que el Ayuntamiento de Benidorm y los propietarios del Área de Planeamiento Remitido (APR) 7 firmaran un convenio por el que el Consistorio, ante la inminencia de la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural y que, por lo tanto, el suelo de la misma quedara protegido; se comprometió a compensar a los mismos con suelo en otras zonas del municipio. Aquel documento, que caducó en 2018 (y que había sido modificado previamente hasta en dos ocasiones) jamás llegó a sustanciarse y, como consecuencia, iniciando un interminable proceso de reclamaciones administrativas y judiciales que se ha extendido hasta el presente.
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De hecho, el último ejemplo de ello ha llegado este lunes de la mano del constructor Antonio Manuel Puchades, que ha denunciado que “el Ayuntamiento de Benidorm ha adoptado acuerdos arbitrarios e injustos” que afectan a los solares de su propiedad en Sierra Helada, “omitiendo en sus informes datos esenciales y alterando la realidad en la narración de los hechos”.
En resumidas cuentas, lo que pretende Puchades con este nuevo movimiento es que el Ayuntamiento de Benidorm se haga cargo del acuerdo firmando hace casi dos décadas y que, por lo tanto, le indemnice bien económicamente (lo que supondría un desembolso millonario para las arcas municipales), bien con unidades de suelo aprovechable en otras zonas de la ciudad.
En su escrito, el constructor afirma que “esta actuación del consistorio ha supuesto que un juzgado de Alicante y el Consell Jurídic Consultiu no tuvieran a su alcance todos los datos necesarios para la emisión de sus resoluciones sobre Sierra Helada, que afectan a los intereses de Antonio Puchades y otros”.
Ante esta situación, Puchades insta al Ayuntamiento “al archivo de esta revisión de oficio, por ser nula de pleno derecho, y a cumplir el convenio de 2003 entre el Consistorio y el empresario, donde se regula la forma en que el Ayuntamiento de Benidorm debe indemnizarle por la privación de derechos urbanísticos y cesión de sus solares de Sierra Helada”.
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Según la documentación remitida al Consistorio de Benidorm por el propio Puchades se acredita, según la versión de este último, “que las fincas registrales 19.009 y 19.013 que Antonio Puchades posee en Sierra Helada tienen condición de suelo urbano desde 1958 y ostentan la condición de solar urbano consolidado desde 1962”. Además, que “se declaró suelo urbano en una modificación del PGOU aprobada en 1958. Desde ese momento y hasta 1962 se acometieron las obras de urbanización conforme a la legislación vigente en esa fecha. En 1963 el Ayuntamiento aprobó una segunda modificación de su PGOU que contempla como suelo urbano Sierra Helada”.
Todo ello, siempre según recoge el escrito remitido por Puchades al Ayuntamiento, “son informaciones clave que se omiten en informes municipales enviados a sede judicial y al Consell Jurídic Consultiu. Como tampoco mencionan el acuerdo plenario de 2001 en el que se quita la condición de solar a las citadas fincas registrales”.
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El escrito de Antonio Puchades denuncia que en el informe que el arquitecto municipal remitió a un juzgado de Alicante “se omiten las modificaciones de planeamiento llevadas a cabo entre 1958 y 1962, así como la adquisición de la condición de solar”. Tampoco se mencionan, asegura, esas modificaciones, recogidas en la memoria del Plan General de Benidorm, como tampoco hay referencia a los informes del mismo arquitecto en relación al edificio Gemelos 28, donde ha mantenido un criterio diferente al aplicado respecto a los solares propiedad de Antonio Puchades.
Las alegaciones de Antonio Puchades también llaman la atención sobre el cambio de criterio de los informes del secretario general del Ayuntamiento de Benidorm respecto al convenio entre el consistorio y el empresario. La prórroga del mismo en 2013 fue avalada en un informe por el mismo secretario municipal que, al reclamarse el cumplimiento del convenio, se ha mostrado contrario y ha instado a la revisión de oficio.
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El empresario asegura que ha dado “facilidades, durante casi 20 años, para que el Consistorio pudiera entregar solares a cambio y no tuviese que desembolsar el valor monetario del aprovechamiento urbanístico del que se ha visto privado” y subraya que en su afán de colaborar con el Ayuntamiento de Benidorm, ha “evitado judicializar esta cuestión durante muchos años, a pesar del evidente perjuicio que ha sufrido por la inacción de sucesivas administraciones municipales”.
El constructor afirma, así mismo, que “la actuación del Ayuntamiento y su secretario en relación al edificio Gemelos 28 ha sido opuesta, en cuanto a la compensación por la edificabilidad de solares en Sierra Helada”. En las alegaciones presentadas por Antonio Puchades se acreditan “la consolidación de los derechos urbanísticos y la existencia de urbanización y de calles en Sierra Helada desde 1962, acompañando fotografías que lo demuestran”.
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Además, afirma que “el Ayuntamiento de Benidorm conocía el 26 de febrero de 2001 el altísimo valor catastral de los solares de Antonio Puchades en Sierra Helada, cuando acordó suspender licencias y el acuerdo de programación”.
En ese mismo sentido, asegura que “en 2001 el valor catastral de los solares de Sierra Helada asciende a más de 16 millones de euros” o, en otras palabras, que “el valor catastral del metro cuadrado útil de los solares de Sierra Helada es el mismo que el que tienen los solares de primera línea en la playa de Levante de Benidorm”.
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El documento presentado ante el pleno del Ayuntamiento de Benidorm “hace admonición de la ilegalidad en la que incurren todos quienes emitan informes o adopten actos administrativos que contravengan la condición jurídica de solar” de las fincas propiedad de Antonio Puchades y anuncia la interposición de acciones legales “frente a quienes emitan informes o adopten acuerdos que sean contrarios a dicha condición”.
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