Rosa González
Viernes, 1 de mayo 2015, 11:40
El último pleno ordinario de la presente legislatura siguió el cauce previsto y la petición a la dirección general de Costas para que deje en 20 metros la servidumbre de protección en Les Marines salió adelante. Y lo hizo con los votos favorable del ejecutivo popular, más los de Centre Unificat (CU) y Ciudadanos (Cs). PSPV y Bloc, que defendieron tesis más proteccionista en algunos puntos del litoral norte de Dénia. La reclamación a Costas también incluye la finalización de los deslindes provisionales en las playas de Deveses y Almadrava.
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La propuesta presentada por el edil de Urbanismo, Vicente Chelet, estaba divida en dos partes. La primera afectaba al tramo comprendido desde la Punta de lEstanyó al Barranco de lAlter. Según se argumenta en el informe municipal, entre la playa del Molins y Bovetes la consolidación es superior a los dos tercios necesarios, como ya acreditaron en un documento previo de 2010. Por ello, reclaman la aplicación del régimen especial de anchura de la zona de servidumbre de protección de 20 metros en lugar de los 100 metros para ciertos tramos que se recogen en el informe de Costas emitido para el trámite de información pública del Plan General Estructural (PGE) de Dénia.
El pleno de ayer había suscitado gran expectación entre los aficionados al kitesurf porque el PSPV tendía previsto abordar el espacio que Dénia tiene que habilitar para la práctica de este deporte en cumplimiento de la moción aprobada en febrero y tras la posterior normativa de Capitanía Marítima de Alicante, que marca que las zonas habilitadas deben tener una extensión de en la arena de al menos 150 metros. Sin embargo, la cuestión no se llegó a debatir, pues antes de comenzar la sesión se celebró una junta de portavoces y se acordó que se tratará en un pleno extraordinario. Tras esta decisión, los aficionados al kitesurf decidieron abandonar la sala a la espera de ese nuevo pleno.
La segunda parte de la petición se centra en la franja litoral de Deveses, Almadrava y Molins. En esas zonas solicitan también que se deje en 20 metros la protección. Además, se pide la finalización de los deslindes provisionales en las playas de Almadrava y Deveses, junto a la revisión de los deslindes entre M1 a M85 y del deslinde entre el M32 al M36 de esta última playa, ya que, según remarcó el concejal de Urbanismo, «crean situación de indefensión» entre los vecinos.
La líder de CU, Pepa Font, incidió en que su partido apoyaba la solicitud porque defendía los intereses de todos los propietarios afectados por la Ley de Costas y porque «se hace necesario salvaguardar el territorio que aún está virgen». También la edil de Cs, Mari Martínez subrayó que el medio ambiente es una «prioridad absoluta» para su partido, por lo que proponía un plan director de playas.
Enmienda
Por su parte, los ediles de PSPV y Compromís presentaron una enmienda. Los representantes de ambas formaciones señalaron que estaban de acuerdo con una servidumbre de 20 metros en las zonas que ya están consolidadas y que se respeten los derechos de los propietarios, pero no así los terrenos dotados de valores ambientales, patrimoniales o paisajísticos. Entre ellos apuntan los libres de edificación situados junto a la zona húmeda de la desembocadura del río Racons o que presente estructuras de sistemas dunares.
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La enmienda fue rechazada al no contar con el respaldo de la mayoría de la Corporación. Donde sí hubo unanimidad fue en la moción para que Dénia presente candidatura a Ciudad de la Gastronomía de la Unesco. Ese punto contó con el voto favorable de equipo de gobierno y partidos de la oposición.
También salió adelante la petición formulada por todos los grupos de la oposición en la que se pedía al secretario del Ayuntamiento de Dénia un informe que avale la seguridad jurídica del Plan General Estructural. La alcaldesa, Ana Kringe, aclaró que ese informe se hará cuando el PGE vaya a pleno. Por ese motivo el PP se abstuvo en la votación.
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Otro de los temas que salió a relucir en el pleno fue el convenio con los propietarios de terrenos en Miguel Hernández para el segundo centro de salud, por el que el consistorio abonará algo más de un millón de euros a fecha 30 de septiembre y luego de forma anual y hasta 2025 pagará alrededor de 800.000 euros.
Los proyectos del Plan Confianza y la rampa pública para varar y botar pequeñas embarcaciones también centraron el apartado de ruegos y preguntas. Además, tras muchos meses reclamando un informe sobre la empresa de la señalítica, por fin el edil del PSP,V Pep Marí, lo tiene a su disposición, según le confirmó ayer la alcaldesa.
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