La policía controla en la Comunitat a inmigrantes llegados en pateras a Baleares y Canarias

La Policía Nacional ha dado instrucción a sus agentes desde el pasado jueves para controlar a inmigrantes irregulares procedentes de la oleada de pateras en puntos externos a la Comunitat y que están llegando a la región procedentes de Canarias o Baleares. Así lo ha denunciado el sindicato Justicia Policial (Jupol), que califica la medida de «irregular».

Según la agrupación laboral de policías nacionales, la Jefatura quiere que los agentes completen un formulario en todos los puestos fronterizos de la Policía Nacional en controles a los diferentes vuelos y buques procedentes de las Islas Canarias y las Islas Baleares, donde en los últimos meses un aluvión de pateras ha traído a norteafricanos de manera irregular. El objetivo, señala la instrucción, es controlar e identificar «a aquellos inmigrantes que pudieran haber llegado irregularmente en pateras, cayucos, etcétera...».

Según explica Jupol, «los controles pretenden un efectivo control sobre estos viajeros», con el argumento de que, «además de ignorar las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral de la Comunitat, pretenden llegar a la península para establecerse o trasladarse a otros países europeos». Además, destacan, en Valencia, se han ordenado refuerzos en el puesto fronterizo del aeropuerto de Manieses.

Pero Jupol considera que estos mandatos son irregulares por varias razones. En primer lugar, destacan que los viajeros que proceden de estos vuelos o buques, «lo hacen en tránsito interno nacional y, por tanto, no están sujetos a control policial». Insisten en que el control documental de estas personas «sólo procede en origen y por las propias aerolíneas o navieras».

Como establece el Código de Fronteras Schengen, «los controles policiales se deben realizar en las fronteras exteriores». Y ahonda el sindicato policial: «Es sabido por todos que a los inmigrantes irregulares, cuando llegan a las costas, se les realizan los trámites pertinentes de identificación e incoación de expedientes de devolución. Se realizan en Canarias y Baleares por la Policía Nacional, incoándose los expedientes de extranjería que procedan y generalmente son de devolución por entrada ilegal».

El problema esencial para Jupol radica en que, «una vez que todos estos inmigrantes han sido controlados en Canarias o Baleares, la gran mayoría son puestos en libertad por la policía ya que, o bien no existe posibilidad de expulsarlos o los CIEs se encuentran al 100% de ocupación». De ahí que muchos «están optando por viajar hacia la península documentados con sus pasaportes de origen y con los respectivos billetes para los vuelos comerciales».

Los policías consultados concluyen que los controles ordenados son «irregulares» por dos motivos. El primero es que los desplazamientos internos nacionales «no están sujetos a controles policiales, pues no supone el cruce de frontera alguna». El segundo argumento es que, «en el caso de ser cierto que la finalidad es hacer efectivo el cierre perimetral de la Comunitat, los controles no deberían limitarse únicamente a los viajeros procedentes de Canarias y Baleares, ni únicamente dirigido a los posibles inmigrantes».

Según Jupol, las medidas ordenadas, están dejando «jurídicamente desprotegidos a los funcionarios policiales encargados de los controles, muy especialmente a los responsables de los puestos fronterizos y Unidades de Extranjería afectados, ante posibles denuncias o acciones legales por parte de los inmigrantes u organizaciones no gubernamentales de apoyo al colectivo». Para los agentes consultados, «una vez más se pretende poner un parche a un problema político y no se puede pretender que la Policía Nacional soluciones problemas estructurales que sobrepasan sus límites».